Entre 2023 y 2024, la Municipalidad de Isla de Pascua contrató por más de $117 millones a la empresa Expertos Públicos SpA para asesorías jurídicas. Parte de algunas operaciones fue observada por Contraloría en el Informe 665/2024, debido a un eventual conflicto de interés: uno de los socios de la empresa es hermano de Doris Durán, exabogada del municipio.
Pero este antecedente es parte de una lista más larga: Doris Durán —quien figura como integrante del Comité Político de «Amarillos por Chile»— mientras ejercía como abogada de la Municipalidad de Isla de Pascua, al mismo tiempo actuaba como funcionaria de planta de la Municipalidad de Huechuraba, servicios distanciados por aproximadamente 3.760 kilómetros (km).
Por algunos meses, al estar trabajando simultáneamente en dos municipios, Doris Durán llegó a ganar más de $8 millones, mayor a la remuneración que —por ciertos periodos— recibía en aquel entonces el Presidente de la República.
No es la primera vez que el nombre de Doris Durán genera cuestionamientos. En 2018, su nombramiento en un concurso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) fue invalidado tras confirmarse que ella misma había elaborado las bases del proceso en el que fue seleccionada.
Pese a que su nombre está en reserva, Fast Check CL logró reconstruir la historia de Doris Durán como doble funcionaria y los millones que recibió la empresa vinculada a su entorno más cercano.
Doris Durán: una abogada duplicada
Doris Abigail Durán Bustamante es abogada de la Universidad de Talca, con estudios de postgrado en Derecho Ambiental. En su curriculum existe rastro de haber sido directora jurídica de la Municipalidad de Parral y asesora en calidad de contrata en la Subdere, participando activamente en la discusión de iniciativas legales. En este último servicio estuvo durante el periodo de Michelle Bachelet II (2014-2018), percibiendo una remuneración de $2.991.637 brutos.
Mientras se desempeñaba como abogada en la Subdere, Doris Durán también ejerció funciones en la Municipalidad de Isla de Pascua para labores de «asesoría jurídica», labor que asumió en diciembre de 2017 en calidad de honorarios. De esta manera, recibía remuneraciones simultáneas de ambos organismos públicos, al menos hasta marzo de 2018, llegando a ganar $5.791.63 brutos en un mes (ver recuadro).
Tras salir de la Subdere, en circunstancias en que seguía figurando como abogada a honorarios en Isla de Pascua, vendría un nuevo cargo, esta vez, como planta de la Municipalidad de Huechuraba, como directora de gestión de personas, función que comenzó en julio de 2019 (ver recuadro abajo). Sumando la remuneración en ambas instituciones, Doris Durán ganaba regularmente $6,8 millones, sin perjuicio que por algunos meses alcanzaba los $8,6 millones, en concordancia con las bonificaciones propias de una funcionaria pública (a modo de ejemplo, ver mayo y julio de 2022 en el recuadro).
La distancia entre Huechuraba e Isla de Pascua es de 3.760 km, aproximadamente. Contraloría, en su Informe 665/2024, detectó que no existían antecedentes que acreditara que los servicios prestados en Isla de Pascua se realizaron fuera de la jornada laboral ordinaria que Durán debía cumplir en Huechuraba.
Si bien la entidad aportó documentación de respaldo, que permite acreditar que las labores realizadas por la (funcionaria) se efectuaron desde las 18:00 en adelante, no se obtuvo evidencia que la servidora haya efectuado su marcaje de término de su jornada laboral en la Municipalidad de Huechuraba (…).
-Contraloría Regional de Valparaíso
Aunque Durán y el municipio presentó documentación que respalda haber realizado sus labores desde las 18:00 horas en adelante, Contraloría asevera que la Municipalidad de Isla de Pascua no implementó mecanismos de control para verificar dicha compatibilidad horaria.
En febrero de 2023, mediante el decreto 131, Durán fue sancionada con la medida disciplinaria de destitución en Huechuraba, dejando de aparecer en Transparencia Activa a partir de abril de ese mismo año. Esta redacción consultó a dicho municipio por las razones de su desvinculación, respondiendo que «no se encuentra facultada para informar al respecto. Toda vez que el sumario instruido aún no se encuentra afinado, producto de reclamaciones ejercidas ante la Contraloría General de la República (…)».
Fast Check CL envió una serie de consultas por correo electrónico a la Municipalidad de Isla de Pascua —encabezada hoy por Elizabeth Arévalo Pakarati— para conocer qué medidas se están tomando en relación a este punto en el informe de Contraloría. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta a nuestro requerimiento.
“Debidamente registradas”
Contactada por Fast Check CL, Doris Durán respondió por escrito, afirmando
que ambas contrataciones eran legales y conocidas por las instituciones involucradas. En ese contexto, cita el artículo 58 de la Ley N°18.575 para sostener que los funcionarios públicos pueden ejercer otras actividades remuneradas fuera de su jornada laboral, siempre que no se interfieran con sus funciones.
«Las contrataciones que mantuve con ambas entidades eran de pleno conocimiento de los respectivos servicios, en tanto se encontraban debidamente registradas en la plataforma SIAPER de la Contraloría», indica la abogada.
En Huechuraba —añade— su jornada era fija como funcionaria de planta, mientras que en Isla de Pascua trabajaba a honorarios con modalidad de resultados, centrada en la entrega de informes jurídicos, redacción de actos administrativos, minutas y defensas que, según declara, ejecutaba de manera remota desde Santiago, con viajes programados a la isla cuando era necesario: «La distancia nunca impidió cumplir con los plazos ni con las metas pactadas», agregó.
«La prestación de servicios para la Municipalidad de Isla de Pascua era posible, dado que mi contrato no exigía una jornada fija presencial, sino que estaba determinado por resultados», agrega.
Asegura que existen documentos y correos que respaldan su trabajo y que las observaciones de Contraloría se restringen a deficiencias en controles internos por parte del municipio pascuense. «La capacidad laboral y productiva de una persona no se limita a las 44 horas semanales; esa ha sido mi filosofía durante más de veinte años de trayectoria», explica.
Cabe recalcar que como abogada a honorarios de Isla de Pascua, las funciones de Doris Durán finalizaron el 30 de abril de 2023. Lo anterior sucedió en el mandato del entonces alcalde Pedro Edmunds Paoa. En marzo de este año, la alcaldesa Arévalo, junto a otros concejales, denunciaron diversas irregularidades en el periodo en que Edmunds Paoa ejerció como jefe comunal.
El nexo con Amarillos
De acuerdo a información pública disponible en el sitio web de Amarillos por Chile, Doris Durán Bustamante figura como integrante del Comité Político.
Fast Check CL consultó al presidente y actual diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, por el caso de Doris Durán. En su respuesta, el parlamentario explicó que «ella no es parte del Comité Político. Fue miembro, pero nunca tuvo participación, es por ello que hace unos meses se le pidió la renuncia a dicho cargo».
«Si bien fue parte del partido, nunca tuvo militancia activa. No tenemos por cierto información ni de sus trabajos ni de los cargos que se detallan», concluyó Jouannet.
Una versión contrapuesta comentó a Fast Check CL la propia abogada Durán, quien consultada por su participación en Amarillos, sostiene que todavía es parte del Comité Político, aunque explicó que en el último tiempo no ha tenido una participación activa por motivos personales, asegurando haberlo informado de ello directamente al timonel del partido.
Sobre lo anterior, cabe agregar que Durán actuó como integrante del Comité Político desde los comienzos de la colectividad en el año 2022, siendo integrante fundadora de la tienda (ver aquí y aquí).
Contratos en Isla de Pascua y vínculos familiares
El informe de Contraloría (665/2024) apunta a la empresa Expertos Públicos Consultores SpA como una firma con posibles conflictos de interés, debido a que Armando Durán, hermano de Doris Durán, registra como uno de sus socios junto a Mario Millar. Sin embargo, el documento del ente contralor no menciona el rol que tuvo la abogada en la creación de la empresa.
Según consta en el Registro de Empresas y Sociedades, el 19 marzo de 2018 —poco antes de que la Subdere invalidara su contratación por vicios en un concurso público—, Doris Durán y Mario Millar González fundaron la sociedad Expertos Públicos Consultores SpA. (ver documento acá).
En el acto, los socios presentaron un capital Inicial de $5 millones, de los cuales Durán pagó $4,5 millones y Millar $500 mil, pagados en el acto. De esta forma, la primera quedó con un 90% de la sociedad en su haber y el segundo con un 10%. Pese a lo anterior, la administración de la sociedad correspondía –indistintamente– a cualquiera de los socios.
Años después, el 13 de enero de 2024, la empresa fue transformada en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, manteniendo el mismo nombre. Para entonces, Doris Durán ya no figuraba como socia ni accionista. Los socios vigentes eran Mario Patricio Millar González (con 4.500 acciones) y Armando Isaías Durán Bustamante (con 500 acciones). (lee el documento acá).
Tras una revisión de los certificados de nacimiento de Armando y Doris Durán, Fast Check CL pudo confirmar que son hermanos. Igualmente, se revisaron las redes sociales de los implicados, donde confirmó que Mario Millar, el otro socio fundador de la empresa, es pareja de la abogada, lo que suma otro vínculo personal directo con la firma beneficiada.
El informe de Contraloría señala que Doris Durán emitió un informe que respaldaba pagos por $1.744.852 en favor de Expertos Públicos SpA, empresa donde su hermano Armando es socio.
Según advirtió la Contraloría, el documento no contaba con firma ni pie de firma que permitiera identificar a su autor, pero aun así mencionaba por nombre a la abogada Doris Durán, quien ya no tenía vínculo contractual con el municipio desde abril de ese mismo año (2023).
Sobre lo anterior, Durán comentó a Fast Check CL que el citado informe no fue elaborado por su persona: «Yo presenté mi renuncia en abril de 2023 y el documento en cuestión fue emitido en julio».
«Es un error administrativo grave, cometido por la actual asesora jurídica de la municipalidad, quien reconoció haber consignado erróneamente mi nombre como autora», sostiene la abogada. Asegura que existe un certificado firmado por dicha funcionaria y dirigido a la Contraloría aclarando el error. Un recurso de revisión extraordinario fue presentado ante el órgano contralor bajo el folio 47.001/2025.
Los millones que ha recibido Expertos Públicos SpA
Desde su creación en 2018 hasta 2024, la empresa Expertos Públicos SpA ha obtenido $233.352.297 en contratos con siete organismos públicos. En su primer año de funcionamiento, trabajó con cinco de ellos, siendo la Municipalidad de Huechuraba la que le adjudicó el mayor monto. Fueron $43.700.000 que ganó por asesorar en el proceso de reorganización de su planta municipal.
Según el contrato —al que accedió Fast Check CL (acá documento)—, dicho trabajo estuvo a cargo de Doris Durán. Aunque la sociedad no acreditaba experiencia previa, logró adjudicarse contratos aprovechando el contexto legal: en 2018, una nueva ley permitió a los municipios modificar sus plantas, y Durán tenía conocimientos específicos en esta materia.
Entre 2019 y 2020, la empresa tuvo participación en otro municipio y prestó servicios en dos ocasiones a la Municipalidad de Molina. Luego, durante los años siguientes no se registraron nuevas contrataciones, hasta que en 2023 volvió a operar, en esa ocasión, en la Municipalidad de Isla de Pascua.
En abril y mayo de 2023, Doris Durán dejó de registrar como funcionaria de planta en Huechuraba y como abogada a honorarios en Rapa Nui, respectivamente. No obstante, en mayo, su empresa fue contratada por la Municipalidad de Isla de Pascua por $47.531.245 para prestar asesorías jurídicas. Al año siguiente (2024), se le prorrogó el contrato por $17.897.728, y luego se le asignaron otros $51.579.073 por continuar con el mismo servicio.
En simple, la contratación de Expertos Públicos SpA fue realizada tan solo 15 días después de la renuncia de Doris Durán como asesora jurídica a honorarios del municipio de Isla de Pascua (30 de abril de 2023). El 15 de mayo del mismo año, la empresa presentó una oferta técnica y económica en respuesta a una invitación de servicios especializados.
De acuerdo al portal de Mercado Público, entre 2023 y 2024, Expertos Públicos SpA recibió $117.008.046 de parte de la Municipalidad de Isla de Pascua, convirtiéndose en el mayor cliente público que ha tenido la firma desde su fundación. Si bien en enero de 2024 Doris Durán no figuraba formalmente como socia, su pareja y su hermano permanecían como los únicos socios vigentes.
Respecto a Expertos Públicos SpA, Durán señaló que: «fue contratada por la Municipalidad de Isla de Pascua, después de mi renuncia al cargo, y a la fecha de su contratación contaba con un solo socio, no con dos como afirma la Contraloría», asevera. En su respuesta, no menciona la identidad de quien sería ese único socio, ni si se trataría de su hermano o de su pareja.
Los vínculos que abrieron puertas
El 26 de enero de 2018, se dio por finalizado un concurso público que definía a Doris Durán en el cargo de profesional grado 5 EUS de la planta de profesionales en la Subdere. A pesar de aquello, en Transparencia de la institución, Durán aparecía solo como personal a contrata hasta marzo de 2018. No hay registros de remuneraciones en calidad de planta.
«Antes de terminar el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, participé en un concurso para un cargo de planta, Abogado, grado 5, en el cual obtuve la más alta calificación entre muchos postulantes. Sin embargo, la tramitación administrativa del proceso de selección y designación demoró varios meses (…) al concluir el gobierno, yo renuncié a la subsecretaría, entendiendo que esa renuncia comprendía mi interés de no continuar con la designación en la planta», asegura.
De todas maneras, el nombramiento fue anulado en mayo del mismo año, a través de la Resolución N° 4.869, cuando la Subdere detectó irregularidades: la abogada habría elaborado personalmente las bases del concurso al que postuló:
«Las bases del concurso referido precedentemente, adolecen de vicios de legalidad evidentes, siendo por ende, contrarias a derecho», describe la resolución.
Consultada por la resolución de invalidación que anuló su nombramiento en la Subdere, Doris Durán aclara que renunció voluntariamente el 9 de marzo de 2018, antes de que se dictara la Resolución N° 4.869 —emitida el 4 de mayo del mismo año por el exsubsecretario Felipe Salaberry—, la cual calificó como un acto «absurdo» y sin sustento jurídico.
«Ya me encontraba fuera del servicio y sin interés de asumir el cargo, por lo que dicha invalidación carece de sentido. Más aún, se argumentó sin pruebas que yo habría elaborado las bases del concurso, lo que es falso», explicó. Además, afirmó que nunca fue notificada personalmente, lo que impidió ejercer su derecho a defensa.
Este episodio no fue el único en que su cercanía con la creación o modificación de normas le habría generado beneficios. Durante su paso por la Subdere —entre 2014 y 2018—, Durán participó en la discusión legislativa de la Ley N° 20.922, que permitió a los municipios modernizar sus plantas funcionarias: a diez días de dejar esta subsecretaría, fundó junto a su pareja la firma ya mencionada, Expertos Públicos SpA, que justamente ha estado dedicada a asesorar municipios en la implementación de esta ley.
Una de las primeras grandes contrataciones de esta sociedad fue con la Municipalidad de Huechuraba, cuando en octubre de 2018 le adjudicó a Expertos Públicos SpA un contrato por $22.400.000. El objetivo: asesoría jurídica especializada para procesos de encasillamiento del personal municipal, una facultad que otorgaba precisamente la Ley N° 20.922. La oferta técnica que se presentó, destacaba que Doris Durán sería la profesional a cargo, subrayando su rol en la tramitación legislativa de la citada norma.
Como se mencionó anteriormente, en julio de 2019, la abogada asumió un cargo como planta en la Municipalidad de Huechuraba, mismo municipio que anteriormente contrató a su empresa para la implementación de dicha normativa legal.
Durán en su respuesta indica que fundó la sociedad (Expertos Públicos SpA) en 2018, pero cedió la totalidad de su participación en 2020, dejando de tener vínculos formales o económicos con la empresa. Todos los contratos adjudicados por Expertos Públicos SpA —incluidos los con Huechuraba— fueron, según sostiene, a través de los mecanismos regulares de ChileCompra, sin objeciones por parte del órgano contralor.
Sin embargo, en el último trabajo de Expertos Públicos SpA de 2024 —por $51.579.073—, Contraloría describe que esta contratación no se sometió al Concejo Municipal de Isla de Pascua, toda vez que la ley N°18.695 en su artículo 65, letra j, estipula que este órgano deberá aprobar adjudicaciones públicas o contrataciones directas que excedan 500 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir, poco más de $34 millones de la época. Lo último también está estipulado en la Guía de Buenas Prácticas en Compras Públicas.
Consultados por este medio, la Municipalidad de Huechuraba, encabezada por Max Luksic, respondió: «Es efectivo que (Doris Durán) prestó servicios en calidad de consultora en el proceso de elaboración de la nueva planta municipal de Huechuraba. Posteriormente, postuló en el concurso público, adjudicándose un cargo directivo».
A lo anterior, complementan que «si bien, es una situación que puede constituir un eventual conflicto de interés, a la época de asumir la actual administración, las responsabilidades administrativas se encuentran prescritas. Sin perjuicio, hay que señalar que esta situación debió ser evaluada en su oportunidad por la anterior administración del Alcalde Carlos Cuadrado».
