El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó, el 8 de agosto de este año, una querella criminal en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Valentina Guajardo López. Según el escrito, los delitos que se le imputan son uso malicioso de instrumento público falso, en concurso medial con obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes.
De acuerdo a la acción judicial, Guajardo López se desempeñó en la Subsecretaría de Prevención del Delito como analista de la Unidad de Transparencia en la Región Metropolitana, bajo la modalidad de contrato a honorarios a suma alzada.
Su vínculo laboral comenzó el 4 de septiembre de 2015 y se renovó de manera anual. Sin embargo, terminó anticipadamente, con efecto a partir del 21 de abril de 2023, debido a incumplimientos graves y reiterados por parte de la funcionaria, asegura el escrito.
El contrato contenía una cláusula —la letra “n”— que establecía que, si un asesor estaba obligado a cotizar y había transcurrido un plazo de 60 días de reposo, debía presentar la Resolución Médica (licencia autorizada) y la liquidación de pago emitida por la entidad de salud, con el fin de realizar los descuentos correspondientes y evitar así duplicidad de pagos.
El presunto fraude en Prevención del Delito
Entre el 14 de junio de 2022 y el 2 de noviembre de 2023, la exasesora habría presentado seis licencias médicas de tipo 6 (enfermedad profesional), por un total de 113 días, las que fueron aceptadas y pagadas por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
El 14 de marzo de ese año (2023), Guajardo López —afirma la querella— presentó un certificado supuestamente emitido por el ISL, organismo dependiente del Ministerio del Trabajo. Dicho documento no contenía folio ni código de verificación. Posteriormente, la Subsecretaría solicitó al ISL el certificado original —folio 817030, con código de verificación 59740786, de fecha 17 de noviembre de 2023—, constatándose que los montos consignados no habrían coincidido con los reportados por la querellada.
En relación con las licencias médicas folios 1-36803961 y 1-40298960, la querellada presentó un documento que el CDE califica como «espurio» y «completamente falso» o «sustancialmente distinto» del original. Este documento, detalla el líbelo, fue utilizado como medio para obtener remuneraciones en exceso, en perjuicio del Fisco.
En el caso de la licencia folio 1-36803961, la imputada informó un subsidio de $95.354, cuando el monto real ascendía a $391.480. En la licencia folio 1-40298960, reportó $211.286, mientras que el subsidio real correspondía a $626.368. Estas diferencias generaron un perjuicio fiscal de $711.208, que debió ser descontado por la Subsecretaría de Prevención del Delito de la remuneración de Guajardo López.
Doble pago por licencias no informadas
La querella también expone que Guajardo habría recibido un doble pago de subsidios médicos que no informó a su empleador.
A pesar de tener reposo prescrito en cinco licencias durante 2023 —folios 1-40299066, 1-40301515, 1-40301536, 1-40303874 y 1-93943462-3—, Guajardo López supuestamente continuó asistiendo a trabajar, sin comunicar la existencia de dichas licencias ni de los subsidios otorgados por el ISL.
Según el CDE, esta conducta generó un perjuicio adicional de $2.826.657. En total, el daño fiscal cifrado se eleva a $3.537.865.
De acuerdo a los últimos movimientos, el 11 de agosto se realizó la audiencia de formalización. No obstante, el Juzgado fijó una nueva fecha para el próximo 13 de octubre (ver documento aquí).
