La semana pasada, diversas voces del Partido Republicano aseguraron que un recorte de $US3.000 millones podía lograrse con el despido de 100 mil empleados públicos, contratados durante el actual gobierno.
En Mesa Central de T13, el presidente de la tienda, Arturo Squella, aseguró que sacar a los «100 mil funcionarios adicionales que entraron desde 2022 al 2024» permitiría ahorrar alrededor de «3 mil millones de dólares». En esa línea, el jefe programático de la campaña, Cristián Valenzuela, tildó a los empleados públicos de «parásitos» en una columna publicada la semana pasada en La Tercera.
José Antonio Kast, candidato presidencial del partido, declaró al mismo medio que coincide con esta visión, matizando en que el recorte se centrará en «operadores políticos y apitutados».
De la misma forma, Kast aclaró que siempre se han referido a «personas que entran a trabajar para el Estado en general. Y el Estado tiene una parte ejecutiva que es del gobierno central y una parte ejecutiva que es de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales».
No obstante, existe una disyuntiva en torno a si, en el período mencionado, efectivamente ingresaron 100 mil empleados al aparato estatal, o si ese recorte siquiera es posible.
Los empleados públicos entre 2022 y 2024
Las cifras utilizadas para analizar esta tendencias provienen, principalmente, de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Estas son informadas mensualmente por las entidades que abarca en sus informes.
Según los anuarios estadísticos de la Dipres, los puestos en el sector público aumentaron de 846.091, a finales de 2021, a 939.047 a finales de 2024, considerando aquellos dentro de la dotación (permanentes) y aquellos que cumplen funciones transitorias (honorarios a suma alzada, suplentes y reemplazos, vigilantes privados, etc). Esto implica un alza de 92.956 funcionarios en ese lapso.
La subida en el personal se explica principalmente por los municipios (53.756), la administración central (31.227), y las universidades y centros de formación técnica (5.890).
ENE vs Dipres
Por otra parte, una fuente alternativa de información es la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), publicada anual y trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas. Por ejemplo, entre marzo de 2022 y diciembre de 2024, aumentaron en 106.399 los empleados púbicos. Esto es un alza de 9,6%.
Sobre las contradicciones entre el INE y la Dipres, el investigador del centro de estudios Horizontal (vinculado a Evópoli), Alfonso España —que ha estudiado el alza en el empleo público— señaló que existen «problemas en la sistematización de datos y la omisión de informes por parte de algunos municipios impiden una estimación precisa del número de empleados. A esto se suma la dispersión de registros entre instituciones».
Por lo anterior, España remarca que es «urgente que el Estado cuente con un registro unificado y confiable para saber, de una vez por todas, cuántos funcionarios realmente se desempeñan en el sector público».
Cabe agregar que las cifras de este registro —del ENE— también contradicen lo dicho por Cristián Valenzuela en su columna «Parásitos», quien afirmó que «los funcionarios públicos aumentaron en un 50% en los últimos 10 años». Según dicha medición, desde el trimestre junio-agosto de 2015 hasta el mismo periodo de 2025, los asalariados públicos subieron de 950.112 a 1.192.201, lo cual implica un aumento de 25%.
Una propuesta “preocupante“
El doctorado en Economía del Desarrollo y docente de la Universidad San Sebastián, Roberto Gormaz, explica que si «comparamos el 2021 con el 2025, la mayoría de los empleados que se han contratado han sido por parte de los municipios. El 49% es contrato de municipios, 15% va a salud y 15% va a educación. Entonces, realmente el porcentaje que queda disponible para el gobierno central es poco».
En esa línea, remarca que la idea de Republicanos para efectuar el recorte está mal enfocada. «El gasto público de Chile está dos puntos más arriba en términos de eficiencia que el gasto público de la OCDE. Sin embargo, nosotros sí vemos ciertas complicaciones en todo lo que es gasto público, porque sabemos que hay muchas cosas que mejorar. Pero es el diseño del programa lo que hay que optimizar, no el cómo se está gastando, porque aparentemente se está haciendo de manera correcta».
Por su parte, la profesora del Instituto de Economía y de la Escuela de Gobierno UC, Jacinta Diestre, afirmó a Fast Check CL que las declaraciones de Kast son «preocupantes».
«Se supone que el gobierno central no puede entrar a la municipalidad a definir quiénes y cómo contratar a cada persona. O sea, no es como que el gobierno central pueda definir quiénes tienen que echar. Cada una de estas organizaciones tiene su propia estructura», explica Diestre.
En ese sentido, critica la idea de «estado digital» propuesta por Kast como contraproducente. «El procesamiento de data, la digitalización, el traspaso de los procesos a sistemas digitalizados no es ni simple, ni fácil ni rápido. Y tampoco es barato. Esa es otra cosa que me llama mucho la atención, porque requiere una gran inversión. Yo creo que ellos no lo tienen para nada considerado a la hora de hacer este tipo de declaraciones».
