En Pudahuel, cinco comités de vivienda acusan al concejal en ejercicio Manuel Ibarra Mondaca (Independiente-PPD) de haber cometido una serie de irregularidades en el marco de proyectos habitacionales que beneficiaban a familias de la comuna. La denuncia quedó plasmada en una carta —a la cual accedió Fast Check CL— enviada a distintas autoridades, donde se describen presuntos cobros indebidos, amenazas, manipulación de comités y el uso de viviendas que no le correspondían.
Ibarra fue elegido concejal en 2024 como independiente en cupo del Partido por la Democracia (PPD). Antes de aquello, vecinos de la comuna indicaron que se desempeñó durante nueve años como presidente de la Unión Comunal de Comités de Allegados de Pudahuel, una posición que lo instaló como referente en materia habitacional dentro del territorio. En 2021 intentó llegar a cargos de mayor alcance: se postuló a alcalde como independiente y, ese mismo año, también a diputado como IND-PPD, sin éxito en ambas oportunidades.
La carta formal fue promovida inicialmente por los comités El Laurel, Las Palmas y el proyecto Manuel Rodríguez del comité Nueva Vida, quienes denunciaron cobros de comisiones sin respaldo desde al menos 2018. Posteriormente, se sumaron otros grupos, como los proyectos Diagonal La Estrella y Barranca, pertenecientes a los comités Golondrinas y Tierra Nuestra, respectivamente, que aseguraron haber enfrentado prácticas similares.
De acuerdo con el documento, las familias denunciantes se vieron obligadas a entregar montos de entre $80.000 y $460.000 bajo el concepto de «corretaje» para la compra de terrenos. Sin embargo, los dirigentes aseguran que jamás recibieron comprobantes que acreditaran el destino de esos fondos. En algunos casos, los depósitos se habrían hecho directamente a la cuenta del concejal o de su círculo cercano.
Las acusaciones no terminan ahí. La carta también lo vincula con intentos de incluir a familiares directos en los comités ya conformados, presiones a dirigentes que cuestionaban los cobros y hasta la ocupación irregular de una vivienda social en el condominio El Laurel.
El documento fue tomado por el diputado Héctor Ulloa, quien presentó un oficio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). A raíz de ello, la División Jurídica del organismo interpuso una denuncia en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente por eventuales delitos de estafa, mientras que el Serviu Metropolitano fue instruido a iniciar un proceso de fiscalización sobre los proyectos cuestionados. Ambas investigaciones siguen en curso.
Fast Check CL se contactó con el concejal Manuel Ibarra y envió las preguntas respectivas para conocer su versión. No obstante, su abogado se comunicó con esta redacción y señaló que el edil haría uso de su derecho a guardar silencio.
Manuel Ibarra y las presuntas comisiones para el “corretaje”
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a los pagos que, según los comités, el concejal Manuel Ibarra exigía a las familias bajo el concepto de «corretaje». La versión oficial era que estos dineros serían utilizados para cubrir los gastos de corredores de propiedades en la búsqueda de terrenos donde levantar los proyectos habitacionales. Sin embargo, los denunciantes sostienen que nunca recibieron boletas, facturas ni comprobantes que acreditaran dichos servicios.
En el comité El Laurel, cada familia debió aportar cerca de $460.000. Según el escrito, fueron 101 familias involucradas, lo que elevó el monto total a más de $46 millones. Pese a la magnitud de los recursos, los dirigentes sostienen que Manuel Ibarra nunca presentó registros formales que demostraran en qué se gastaron esos fondos.
La presidenta del comité Nueva Vida, Vanesa Salazar, señaló a Fast Check CL, que en el proyecto Manuel Rodríguez fueron «52 familias que entregamos 300 mil pesos cada una por concepto de corretaje. Nunca entró en una boleta, una factura, nada». Añadió que las solicitudes de comprobantes eran respondidas con amenazas: «Un socio le pidió la boleta, el voucher que acreditaba el corretaje y él le dijo: “¿Tú querís vivienda o querís un voucher? Yo te traigo un voucher, pero te saco el proyecto” (sic)».
La dirigenta añadió que en redes sociales ha visto a vecinos defender a Ibarra, asegurando que nunca les solicitó dinero. Frente a ello, Vanesa Salazar advierte: «Efectivamente, a mí nunca me pidió plata, ni un peso. Pero cuando llegó el momento de la construcción, él exigió el corretaje y decía: “No, es que tienes que poner los 300 mil, porque si no, no se construye”».
Las transferencias realizas a Manuel Ibarra
En el escrito se adjuntan diversas pruebas de las transferencias exigidas por el actual edil. Según relatan los afectados, se indicaba a quién y cuánto transferir a través de los grupos de WhatsApp de los proyectos. Además, las transacciones variaban según la agrupación, debiendo realizarse a cuentas de distintas personas.
En el proyecto Manuel Rodríguez, los pagos fueron dirigidos a Marco Rivera, hombre de confianza de Manuel Ibarra. Fast Check CL revisó los registros de gastos electorales de las campañas en las que participó Ibarra, constatando que Rivera figuró como asesor en su candidatura parlamentaria de 2021 y como jefe de campaña en su postulación a concejal. «Nos mandó una cuenta para transferir, pero era de su asesor», relató Vanesa Salazar.
En otros casos, la acción habría sido aún más directa. En el proyecto Barranca, del comité Tierra Nuestra, Solange Palma —cercana a Ibarra, según la carta de denuncia— informó que las transferencias debían realizarse directamente a la cuenta personal del actual edil.
En este mismo proyecto, Ricardo Millahueque —cuando era tesorero de la agrupación— solicitó explicaciones y rendición de los pagos. «Como respuesta recibí insultos y que el dinero sería devuelto, pero además me advirtieron que sería expulsado del comité y perdería el subsidio», afirmó a Fast Check CL. Según Millahueque, este tipo de amenazas ha llevado a que muchos vecinos prefieran guardar silencio antes que exigir la rendición de los recursos.
“No se justifica, ni corresponde”
Fast Check CL se contactó con Cristián Serey, arquitecto y socio de Crear Asociados, la entiedad patrocinante de los cinco proyectos involucrados. Serey explicó que las entidades patrocinantes tienen prohibido cobrar corretaje. En relación a si conocia que el contexto de las denuncia contra Manuel Ibarra, señaló que no y agregó: «Si algún dirigente se aviva o cobra, es un tema que nosotros no podemos saber», señaló
Según detalló, el corretaje suele entenderse como una gestión privada para conseguir o asegurar el terreno más adecuado donde levantar un proyecto habitacional. En ciertos casos, los comités pueden optar por contratar a un tercero que ofrezca ese servicio, aunque no es un requisito del proceso oficial.
No obstante, en los cinco comités denunciantes la búsqueda de terrenos ya había sido realizada por las instituciones correspondientes. En dos casos, la Municipalidad entregó los terrenos «a título gratuito para estas comunidades». En otro, «el Serviu hizo las gestiones, pero nosotros hicimos la promesa», y en los dos restantes, «nosotros hicimos las promesas directamente con los propietarios».
En ese contexto, se le preguntó a Cristián Serey si, dado que los terrenos ya estaban gestionados por las instituciones correspondientes, se justificaba que un dirigente pidiera dinero a las familias para pagar corretaje. Serey respondió: «No, obvio que no. No se justifica, ni corresponde».
La incorporación de la familia de Manuel Ibarra
Los comités denuncian que el ahora concejal, Manuel Ibarra, intentó incorporar a sus hijos en agrupaciones ya constituidas, como Nueva Vida, lo que generó conflictos internos y resistencia entre los socios. Vanesa Salazar, presidenta de dicho comité, relató: «Quiso meter a su hijo, pero nos pusimos firmes y lo frenamos».
Según añadió, la negativa se decidió en una reunión del comité: «Ese día terminó con una constancia en Carabineros, porque una amiga de Manuel amenazó a mi tesorero. Él decía que cómo era posible que tuviera que estar rogando por vivienda para su hijo».
Cristián Serey, socio de la entidad patrocinante Crear Asociados, también recordó lo ocurrido: «Lo postuló a través de nosotros, porque somos la entidad patrocinante del proyecto. El hijo no calificaba y dijimos que no quedó; se enojó con nosotros».
Los dirigentes relatan además que el concejal monopolizaba la comunicación con las instituciones vinculadas a los proyectos, como Serviu y la entidad patrocinante. «Todo debía pasar por él», recuerda Salazar, subrayando el control que ejercía sobre la información y los procesos internos.
Ocupación de viviendas y hostigamiento
Además de las presiones sobre la composición de los comités, los dirigentes denuncian que Manuel Ibarra ocupó una vivienda social que no le correspondía. Según los relatos, habría vivido en un departamento del condominio El Laurel durante cerca de cinco meses mientras supuestamente lo reservaba para su yerno.
«Sacó las paredes de los dos dormitorios y dejó un área amplia y un dormitorio que solo ocupaba él, como departamento de soltero», indica la carta.
A la par de la ocupación de inmuebles, los dirigentes describen un patrón de intimidación física y verbal en reuniones y asambleas. Un vecino —que pidió reserva de identidad— comentó a Fast Check CL que, en una reunión en las dependencias del Serviu, Ibarra se habría molestado cuando la directiva intentó hablar con la institución: «Le pegó a la mesa y gritó que él era el único que podía pedir y dar información (…) Tuvieron que pararlo un poquito para calmarlo porque estaba totalmente descontrolado».
Quienes pedían explicaciones sobre los cobros de comisiones o cuestionaban decisiones de Ibarra aseguran haber recibido amenazas directas. Ricardo Millahueque, extesorero de Tierra Nuestra, relató que Ibarra le dijo: «No tengo por qué darte explicaciones, así que te voy a sacar. Te voy a sacar».
Tras estas amenazas, Millahueque habría sido eliminado del grupo de Whatsapp del comité, lo que le impedía asistir a las reuniones. Posteriormente, se le comunicó que se votaría su remoción de la directiva; tras ser sacado de su cargo, en un par de ocasiones distintas se intentó removerlo definitivamente de la agrupación.
El uso político de los comites
Los comités también advirtieron sobre el condicionamiento político en torno a estas situaciones. Ricardo Millahueque —extesorero del comité Tierra Nuestra— aseguró que el concejal Manuel Ibarra les solicitó apoyo para su campaña, bajo la amenaza de excluirlos de los comités.
Sin embargo, las presiones no se habrían limitado a respaldarlo a él. Según relató un vecino, durante las primarias oficialistas del 29 de junio, Ibarra habría instado a los socios a votar por la candidata del PPD, Carolina Tohá:
«Hizo reuniones con distintos proyectos y dijo que si no votaban por Tohá, el proyecto se caía», afirmó Millahueque a Fast Check CL.
(Fuente: Facebook de Manuel Ibarra)
Sin embargo, Ibarra no se habría limitado a exigir votos. Claudio Alarcón, quien integraba la Unión Comunal de Comités de Allegados de Pudahuel cuando Ibarra presidía dicha organización, relató a esta redacción que, durante su carrera parlamentaria en 2021, le solicitó emitir una boleta «antes de cerrar el periodo de campaña electoral».
La boleta en cuestión habría sido por $5.001.000. Según Alarcón, el objetivo era «abultar los gastos de la campaña electoral». Fast Check CL revisó las rendiciones de Manuel Ibarra y constató que se registraron siete gastos, entre ellos la boleta indicada por Alarcón. Además, se observó que este era el gasto más alto, mientras que los demás variaron entre 650 mil y 1,5 millones.
La denuncia contra Manuel Ibarra
Tras recibir la carta de los comités, el diputado Héctor Ulloa ofició al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para dar cuenta de las denuncias. En respuesta, la División Jurídica del organismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente por eventuales delitos de estafa relacionados con los cobros de comisiones y la administración de los proyectos.
Fast Check CL se contactó con la Fiscalía Metropolitana Occidente, desde donde señalaron que la denuncia «está con orden de investigar en la Fiscalía de Pudahuel». Sobre el resto de las consultas enviadas, indicaron que no había información adicional para entregar.
Paralelamente, el Serviu Metropolitano inició un proceso de fiscalización sobre los proyectos señalados en las denuncias. Desde la institución explicaron que, desde que recibieron la denuncia en agosto, se realizó una revisión de los antecedentes proporcionados. Estos antecedentes fueron remitidos «a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República, para que pudiese analizar la situación y dictaminar».
El organismo (Serviu Metropolitano) explicó que la investigación depende de otras entidades, por lo que «no podemos poner fecha de término a dicha tramitación». Añadieron que su responsabilidad se limita a informar este tipo de situaciones a los organismos competentes.
No obstante, indicaron que se instruyó al Equipo de Fiscalización del Serviu Metropolitano a realizar visitas a los conjuntos El Laurel y Las Palmas. Tras dicha revisión, aseguraron que no se estaría produciendo usurpación de los departamentos. Además, recordaron que el Serviu no tiene atribuciones para determinar la veracidad de otras denuncias, por lo que solo puede remitir los antecedentes a las instancias correspondientes.
