A comienzos de octubre, Radio Bío Bío informó sobre una querella presentada contra el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa, por el presunto uso indebido de abogados municipales para representar a sus familiares en causas judiciales privadas.
La acción legal la interpuso el concejal Eduardo Villalobos ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, acusa al jefe comunal y a otros funcionarios de haber destinado recursos humanos del municipio y de la Corporación Municipal de Desarrollo Social —institución que también preside— para fines ajenos al ejercicio público. Según el escrito, estos hechos podrían constituir el delito de fraude al fisco.
Cabe señalar que entre el concejal y el alcalde existen causas judiciales en curso. Labra presentó una querella contra Villalobos por vulneración de la vida privada, infracción a la confidencialidad de las comunicaciones, fraude informático y otros ilícitos.
Fast Check CL accedió a los documentos y registros de Poder Judicial que dan sustento a las acusaciones sobre el uso de abogados municipales. Se trata de causas de familia y laborales donde profesionales jurídicos que trabajan para la Municipalidad de San Joaquín —o su corporación— aparecieron patrocinando o representando a los padres y al hermano del alcalde.
Los antecedentes incluyen patrocinios judiciales, poderes simples y registros del Poder Judicial que detallan la participación de estos profesionales, entre ellos, la propia directora jurídica del municipio.
El caso de origen
El 6 de noviembre de 2024, ingresó en el Juzgado de Familia de Puente Alto una causa por Violencia Intrafamiliar (VIF) en contra de Harley Labra Bassa, hermano del alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra. La denuncia contó con el patrocinio del abogado Sebastián Neira Araus, quien —según consta en Transparencia del municipio— se desempeña como funcionario a contrata en la Dirección Jurídica.
Fast Check CL accedió a los documentos asociados a la causa, en los que figura el nombre del abogado municipal como patrocinante de Harley Labra. (ver patrocinio aquí)
Harley Labra figura —hasta al menos el 9 de octubre de 2025— en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esta redacción tuvo a la vista el certificado que consigna una deuda de 19 cuotas impagas, equivalentes a 262,7783 UTM (unos $18.201.339 al valor actual).
Según fuentes cercanas a la acusación, ante la falta de recursos del demandado para saldar su deuda o pagar una pensión mensual, los abogados de la demandante optaron por iniciar acciones legales contra sus padres, Amaro Labra y Pilar Bassa, quienes fueron demandados en calidad de deudores subsidiarios.
La causa contra los padres
La causa contra los padres del alcalde Cristóbal Labra se ingresó a fines de abril de 2025 en el 3° Juzgado de Familia de Santiago. De acuerdo con los documentos revisados por Fast Check CL, ambos fueron representados judicialmente por abogados que trabajaban para la Municipalidad de San Joaquín.
En la causa figuran como patrocinantes Carmen Gloria Arenas Pérez, Carolina Castillo Navarrete, Pablo Cornejo Zambrano y Sebastián Neira Araus. Arenas Pérez, además de ser una de las abogadas firmantes, ocupa el cargo de directora jurídica del municipio y figura como funcionaria de planta, mientras que los otros tres se desempeñaban a contrata. (Ver patrocinio aquí)
De acuerdo con una denuncia interpuesta ante Contraloría —a la que Fast Check CL tuvo acceso—, Neira Araus habría representado al padre del alcalde, Amaro Labra. A su vez, Arenas Pérez, Castillo Navarrete y Cornejo Zambrano habrían representado a la madre del jefe comunal, Pilar Bassa.
En septiembre de 2025, la causa pasó a la etapa de cumplimiento, donde Carolina Castillo continuó interviniendo y se fijó un pago mensual de pensión. No obstante, fuentes vinculadas al proceso señalaron a Fast Check CL que, incluso después de la denuncia presentada ante Contraloría, no solo Castillo mantuvo su rol como representante, sino que también continuó participando en diligencias la directora jurídica del municipio, Carmen Gloria Arenas.
La acción contra la Municipalidad de Maipú
Las causas familiares no fueron las únicas en que los parientes del alcalde Cristóbal Labra contaron con representación de abogados ligados al municipio. En marzo de 2025, su madre, Pilar Bassa, presentó una demanda laboral contra la Municipalidad de Maipú ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La acción judicial buscaba el reconocimiento de relación laboral, tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, despido injustificado, nulidad del despido y pago de prestaciones adeudadas.
En dicha causa, la madre del alcalde fue representada por Óscar Orozco Munizaga, abogado de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín (ver autorización de poder simple aquí). Dicha corporación depende directamente del municipio que encabeza el alcalde Labra, quien además figura como su presidente.
“Podría concurrir incompatibilidades”
Consultado por Fast Check CL, Pavel Ayala, académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, advierte que la eventual actuación del abogado «Podría concurrir incompatibilidades y posibles infracciones al principio de probidad administrativa», dependiendo del rol ejercido y de si existió o no uso de recursos institucionales.
Explica que, aunque las corporaciones municipales son entidades de derecho privado, están financiadas con recursos públicos y sujetas a fiscalización, por lo que «deben someterse a estándares de probidad y control similares a los de la administración directa».
«El vínculo jerárquico con el municipio y la relación de parentesco con la autoridad hacen que el caso se sitúe al filo de la normativa, donde lo éticamente reprochable puede no ser plenamente sancionable, pero sí afecta la confianza pública y la imagen institucional», puntualizó Ayala.
Cristóbal Labra y la denuncia en Contraloría
El 27 de julio de 2025, se presentó ante la Contraloría General de la República la denuncia que acusó al alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa, de haber recurrido a abogados municipales y de la Corporación de Desarrollo Social para representar judicialmente a sus familiares en causas privadas.
El documento —al que tuvo acceso Fast Check CL— detalla los tres casos descritos anteriormente, pero además especifica las actuaciones concretas de cada uno de los abogados involucrados, señalando sus cargos, vínculos contractuales y participación en las audiencias judiciales.
A continuación, se expone la información relacionada con los profesionales mencionados en la denuncia y las funciones que desempeñan actualmente en la Municipalidad de San Joaquín y en su Corporación de Desarrollo Social, según los antecedentes verificados por Fast Check CL a través del portal de Transparencia del municipio:
El 2 de septiembre de 2025, la Contraloría ofició a la Municipalidad de San Joaquín para solicitar un informe detallado sobre los hechos denunciados. El oficio otorgó un plazo de diez días hábiles para la entrega de antecedentes y requirió precisar si los funcionarios actuaron durante su jornada laboral, si recibieron remuneraciones adicionales o si contaban con autorización para ejercer actividades privadas paralelas.
La causa penal que incluye al alcalde Cristóbal Labra
La denuncia por violencia intrafamiliar presentada contra Harley Labra Bassa, hermano del alcalde de San Joaquín, derivó posteriormente en una causa penal por el delito de maltrato habitual.
Según explicó a Fast Check CL la abogada Carol Mancilla, representante de la denunciante, el tribunal determinó que «no estábamos en presencia de un hecho único, sino de una secuencia prolongada de actos de violencia intrafamiliar», lo que motivó el envío de los antecedentes a la Fiscalía para su investigación como delito penal.
En el marco de esta nueva causa, la querella fue ampliada para incluir al padre del alcalde, Amaro Labra, y al propio jefe comunal, Cristóbal Labra, respecto de quienes se investiga su eventual participación como autores o por omisión. «A juicio de los querellantes, ambos habrían sido testigos o partícipes de hechos de violencia intrafamiliar, sin actuar para impedirlos», explicó Mancilla.
Además, la abogada explicó que la incorporación del alcalde en la causa se fundamenta en el uso de funcionarios municipales para representar a sus familiares en distintos procesos judiciales, «situación que pone a la víctima en una posición asimétrica frente al poder económico y político de la familia Labra».
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de investigación, con toma de declaraciones de testigos por parte de la PDI. Mancilla precisó además que, en esta causa, los abogados que representan a la familia Labra no pertenecen al municipio.
Respuesta de San Joaquín
Fast Check CL se contactó con la Municipalidad de San Joaquín, desde donde indicaron que no emitirán nuevas declaraciones, debido a que «las preguntas enviadas ya fueron respondidas a la Contraloría, en el mismo tenor de lo que fue informado en el reportaje de Radio Bío Bío».
En este contexto, la respuesta entregada a dicho medio fue que los abogados en cuestión «se encontraban haciendo uso de tiempo compensado y días administrativos al momento de representar causas privadas, sin una orden de parte del alcalde para cumplir estas actividades en horario laboral».
Asimismo, agregaron que «dichos antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Contraloría General de la República, por lo que el municipio es el primer organismo interesado en colaborar para que esta situación se aclare lo más pronto posible».
El académico Pavel Ayala, de la Universidad Diego Portales, explicó a Fast Check CL que si un funcionario municipal actuó fuera de su horario laboral y sin usar recursos públicos «podría, en principio, encontrarse dentro de los márgenes de la legalidad administrativa». Sin embargo, advirtió que lo relevante no es solo el tiempo o la retribución, sino «la vinculación funcional del funcionario con el órgano público y la eventual afectación a su imparcialidad».
En este sentido, Ayala agregó que, incluso si no se utilizan recursos municipales, la representación judicial de familiares del alcalde por parte de funcionarios o abogados dependientes «sí puede configurarse un conflicto de interés». (ver análisis completo de Pavel Ayala aquí)
La respuesta del alcalde
Por último, Fast Check CL se contactó con el alcalde Cristóbal Labra, con el objetivo de que pudiese responder a los hechos de fondo que se describen en esta publicación. En lugar de aquello, se limitó a señalar:
«Debido a que en los últimos días se han publicado dos reportajes en los que se han tergiversado mis respuestas y las del Municipio, y considerando que las causas se encuentran actualmente en investigación, he decidido no emitir más declaraciones por ahora, toda vez que el medio Fastcheck ha actuado de mala fe, sin demostrar una genuina intención de esclarecer los hechos ni de llegar a la verdad.
Tres publicaciones en menos de diez días, dirigidas contra esta administración y su alcalde, evidencian un claro hostigamiento hacia esta gestión, razón por la cual ya se han presentado querellas contra las personas involucradas en los hechos.
Finalmente, como es de público conocimiento, existe una causa judicial relacionada con el asunto, por lo tanto, será en dicha instancia en que se discutirán los hechos. Espero que en esta ocasión, mis respuestas sí sean publicadas íntegramente».
