La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) presentó una querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de estafa frustrada, usurpación de cargo público y fraude informático, tras una serie de ataques cibernéticos que afectaron a funcionarios de la institución. ¿Cómo se fraguó? Por obra de un supuesto ministro de la Corte Suprema.
La acción judicial a la que accedió Fast Check CL, fue interpuesta por los abogados Javiera Carrera Olivares y Cristian Castillo García, en representación de la CAPJ, organismo dependiente del Poder Judicial que asesora a la Corte Suprema en la administración de recursos humanos y financieros.
Según el escrito, el hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2025, cuando funcionarios de la CAPJ recibieron llamadas telefónicas de una persona que se presentó como un ministro de la Corte Suprema. En distintos episodios, el supuesto magistrado se identificó con nombres como Claudio Maldonado Naveas, según relataron las víctimas.
El “ministro” y su modus operandi
El impostor —describe la querella— afirmó necesitar enviar un documento en formato PDF de carácter reservado a los jefes de departamento de la institución. Para lograrlo, solicitaba a los empleados sus correos institucionales y números de teléfono celular, bajo el pretexto de enviarles un código de acceso al supuesto documento confidencial.
La CAPJ sostiene que esta simulación constituye usurpación de cargo público, pues el autor fingió ser una autoridad judicial con el propósito de inducir a error a los funcionarios. La maniobra es calificada como una «superchería grande y evidente», lo suficientemente verosímil —según afirma el escrito— como para engañar a personas dentro de la propia institución.
Tras obtener la información solicitada, el atacante procedió a intervenir los teléfonos móviles de las víctimas y acceder a sus cuentas de WhatsApp. Desde esas cuentas, enviaba mensajes a los contactos de los funcionarios suplantados solicitando transferencias de dinero, haciéndose pasar por ellos.
Entre los afectados se encuentra una secretaria del Departamento Jurídico de la CAPJ, y un funcionario del Departamento de Comunicaciones.
Una de las relató que, tras confirmar los códigos que le pidió el supuesto ministro, su sesión de WhatsApp se cerró de inmediato, lo que despertó sus sospechas. Al intentar recuperar su cuenta, el impostor habría reaccionado con insultos y cortó la comunicación.
En razón de la rápida advertencia de los funcionarios, la estafa finalmente no se concretó: no hubo disposición patrimonial ni transferencias de dinero. Sin embargo, la acción judicial señala que sí se produjo un perjuicio efectivo, ya que los contactos y correos personales de las víctimas salieron de su esfera de privacidad.
De esta manera, el escrito solicita al Ministerio Público que instruya diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI) para tomar declaración a las víctimas y proceder con la identificación de los responsables.
