En la resolución se argumenta que el instituto solo puede interponer delitos contemplados en la ley que regula a la institución (ley 20.405). El INDH anunció que apelará ante la decisión.
El Vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago decidió que el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), el Hospital San Borja Arriarán, un médico ginecobstetra y una matrona, deberán pagar la millonaria cifra por “falta de servicio e infracción a la lex artis”.
Este miércoles una corte de Nueva York, dio a conocer el fallo en el que se condena a 45 años de cárcel y cinco más en libertad vigilada, una vez que se cumpla el tiempo tras las rejas.
Los concejales Nelson Vásquez y José Soto, ingresaron un requerimiento al Tribunal Electoral Regional solicitando la destitución del alcalde Alexis Pineda. En el documento, denuncian un notable abandono de sus deberes y el quebrantamiento grave a las normas de la probidad administrativa.
La disputa fue zanjada por la Corte Suprema, la cual determinó que el Juzgado de Garantía de Arica debe seguir tramitando la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas Vargas y otros delitos ocurridos en Putre. Por otra parte, la ministra en visita de la corte marcial, Jenny Book, debe abandonar el caso.
En la resolución se explica que Fujimori “impulsó una agresiva Política de Planificación Familiar que tenía por objeto aplicar preferentemente y de manera masiva un sistema de anticoncepción quirúrgica respecto de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbano marginales y de pueblos indígenas”.
La titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, este domingo afirmó que durante el estallido social no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que contradice su versión de 2022, cuando para demostrar la perdida de confianza de Sergio Micco y solicitar su salida, aseguró que sí habían existido estas vulneraciones.
Durante su discurso del 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una mesa interinstitucional destinada a abordar las adopciones forzadas o irregulares que afectaron a miles de personas en Chile, hasta antes de 1990. A pesar de existe una estimación de 20 mil personas afectadas, aún no existe un registro oficializado para este número y, por el momento, todavía no existen culpables. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Estado todavía tiene problemas para el reconocimiento de estas víctimas.
