La creación de una sociedad por acciones, a cargo de Francisco Fuentes —estrecho colaborador de Alberto Larraín—, permitió a la fundación ProCultura operar comercialmente, facturar actividades que escapaban a su objeto social, e incluso financiar su defensa penal en plena crisis del caso Convenios. Aunque el fundador de la ONG negó tener conocimiento sobre cómo operaba, declaraciones contenidas en la carpeta investigativa y antecedentes recopilados por Fast Check CL muestran que Larraín sí habría tenido injerencia en sus movimientos.
Se trata de Francisco Fuentes, único socio y representante legal de Agencia Turismo Patrimonial SpA, empresa que —en la práctica— ejecutó parte de los proyectos que ProCultura se adjudicaba. Entre ellos, destacó la administración del Circuito de Lota, concesionado por Corfo. Fast Check CL detectó que la sociedad de Fuentes percibió más de $24 millones en compras públicas mediante el mecanismo de compra ágil, principalmente por la venta de entradas a organismos del Estado, mientras él mismo se desempeñaba como jefe del circuito. En su declaración, Fuentes señaló que los ingresos obtenidos por la venta de tickets fueron utilizados para cubrir gastos de operación.
A través de redes sociales, José Antonio Vera -director del Liceo Comercial Presidente Frei Montalva de Lota-, se hizo viral por esperar a sus estudiantes en un paradero por alza de inseguridad en la comuna.
En Lota, un estudiante de tercero año medio, del Liceo Carlos Cousiño, perdió la vida durante una riña escolar cuando fue atacado con un arma blanca en el cuello, falleciendo en el lugar. El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción para las indagaciones.
Una de las franjas televisivas que causó polémica fue la del 25 de septiembre donde apareció un grupo religioso asegurando que los evangélicos de Chile votarían rechazo. Fast Check CL investigó las comunas con mayor población evangélica y pudo comprobar que la afirmación es falsa.
