Este 22 de agosto se cumplen 50 años de un acuerdo que ha suscitado interés en los últimos días y que pondría en entredicho la legitimidad del proyecto de la Unidad Popular. Fast Check CL revisó los antecedentes y conversó con expertos para saber si el Gobierno de Salvador Allende, efectivamente, fue declarado inconstitucional.
Por Elías Miranda
Numerosos lectores en el último tiempo han hecho llegar sus preguntas en relación a un hecho que se remonta hace casi 50 años, cuando el Gobierno de Salvador Allende habría sido declarado «inconstitucional e ilegítimo» por un acuerdo emanado desde el Congreso Nacional.
Esto, que también ha sido replicado en redes sociales, suscita especial interés en la previa de lo que será la conmemoración del golpe de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular —encabezado por Salvador Allende entre 1970 y 1973— y que consolidó una dictadura de 17 años.
¿Fue el gobierno de Allende declarado inconstitucional? ¿Quién elaboró este acuerdo? ¿Cuáles eran sus postulados? Todo eso y más lo responde Fast Check CL en este especial.
Las gestiones de la Democracia Cristiana
En ese entonces, el país transitaba por una alta polarización, en medio de paros, manifestaciones, atentados, intentos de golpe y recurrentes cambios de gabinete. Entre las opciones que barajaba la oposición para remover a Allende de la presidencia, estaba, por ejemplo: acordar formalmente la ilegitimidad del gobierno y convocar a las Fuerzas Armadas o una reunión entre diversos poderes del Estado donde se le solicitara la renuncia.
Fue ahí cuando un joven Patricio Aylwin elaboró otra alternativa que vino a matizar las opciones de la derecha. Se trataba de un acuerdo que tuvo a Claudio Orrego (padre) como redactor, asesorado jurídicamente por Juan Hamilton. Para unir fuerzas, el Partido Demócrata Cristiano —partido opositor a la UP— convocó un texto que venían trabajando senadores del Partido Nacional, colectivo a la derecha del espectro político. Tras varias correcciones, vio la luz.
Finalmente, el miércoles 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo que denunciaba el «Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República» en el gobierno de Salvador Allende.
Los puntos claves del acuerdo
El acuerdo —aprobado por 81 votos a favor y 47 en contra, con el apoyo de la derecha— esgrimía que el gobierno de la Unidad Popular había incurrido en ciertos actos ilegítimos que constituyeron en un «gravísimo peligro para la Nación». Entre ellos:
- «Ha usurpado al Congreso su principal función que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país (…)».
- «Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional (…)».
- «Ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias (…)».
- «Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad».
Poco antes de la aprobación del acuerdo, la Corte Suprema acusó de graves incumplimientos de la ley y deberes constitucionales (ver aquí) al gobierno de Allende, en un episodio más de un frecuente gallito entre ambos poderes del Estado (más información acá). Y es que al igual que el Congreso, denunciaba graves incumplimientos constitucionales.
A modo de contrarrestar esto, parlamentarios de la Unidad Popular —entre ellos, Manuel Segundo, Luis Maira y Oscar Guillermo Garretón— elaboraron su propio acuerdo para defender la orientación que el gobierno estaba llevando adelante. Pero, fue rechazado por el Congreso por 84 votos contra 46.
¿Qué implicó este acuerdo?
En palabras de Aylwin, el acuerdo estaba motivado por una «necesidad impostergable y no transable de que el presidente y los ministros militares respetaran el Estado de derecho». A juicio del ex presidente, este proyecto no implicó un llamado a un golpe militar, sino que a expresar «los que se consideraban atropellos a la Constitución».
A los «atropellos a la Constitución», se suma lo que para la Democracia Cristiana fue la violación del Pacto de garantías democráticas, el cual buscaba hacer efectivas las garantías constitucionales. Este pacto fue la condición requerida por la DC para apoyar con sus votos en el Congreso a Salvador Allende, pues recordemos, obtuvo un 36,2% de los sufragios en la elección de 1970, por lo que recaía en el Congreso la elección de la Presidencia de la República.
Dos días después de aprobado el acuerdo, el presidente Allende respondió en cadena de emisoras radiofónicas, que lo emanado desde el Congreso carecía de validez jurídica, argumentando que se trataba de un exhorto a Carabineros y las Fuerzas Armadas para intervenir.
Bien lo resume el historiador Joaquín Fermandois en su libro La Revolución Inconclusa, quien sostiene que «aunque en términos legales no consistía en una declaración de inconstitucionalidad, que se tendría que haber tratado como acusación constitucional, efectuaba un rodeo para dar la idea de que de eso se trataba».
¿Una Acusación Constitucional?
En otros términos, y como lo explica un ex diputado democratacristiano de la época, Alberto Zaldívar Larraín (1969-1970), el objetivo de este acuerdo fue un «téngase presente» —en términos políticos— de lo que el gobierno de la UP estaba practicando, pero que «no tenía eficacia jurídica, porque no producía efectos jurídicos».
A juicio del historiador de la Universidad de Chile, Sergio Grez, el acuerdo tenía «un contenido claramente político, pero que no tuvo ni podría tener ningún asidero de tipo legal o constitucional, porque para declarar inconstitucional a un Gobierno o Presidente de la República, existía en la Constitución de 1925 —tal como en el ordenamiento jurídico actual— un solo mecanismo: la Acusación Constitucional».
«Porque para surtir efecto este mecanismo, solo podía prosperar obteniendo los 2/3 de ambas cámaras reunidas (diputados y senadores). La oposición de la época —el Partido Nacional, la Democracia Cristiana y otras organizaciones menores— lo sabían perfectamente. Y es por eso que su objetivo en las elecciones de marzo de 1973 era lograr los 2/3 para acusar y deponer al Presidente Salvador Allende. Eso estuvo muy lejos de obtenerse. El acuerdo fue una justificación política para el posterior Golpe de Estado”», indica Grez.
Para Juan Ignacio Ipinza —académico y abogado constitucionalista— este «téngase presente» fue una «lectura de cartillas, una especie de enumeración de hechos para después proceder a una acusación constitucional».
Ahora bien, para Ipinza es insuficiente la lectura que interpreta el acuerdo como un acto meramente político, «pues si bien no hay juicios abiertos y causas, es porque nunca se hizo efectiva esa responsabilidad política».
«Ese acuerdo, además, hubiese servido de base para una eventual acusación constitucional, porque es un acuerdo de un órgano del Estado, como lo es el Congreso Nacional, por lo que podría haber sido vinculante, pero que no fue por lo que todos sabemos: el quiebre democrático», concluye Ipinza.
Fuentes:
- La experiencia política de la Unidad Popular (19070-1973) – Patricio Aylwin Azócar
- La Revolución Inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular – Joaquín Fermandois.
- Biblioteca del Congreso Nacional
- Archivos audiovisuales del Congreso Nacional
- Memoria Chilena
