La Contraloría General de la República emitió varios informes de las seremías del Ministerio de Vivienda a nivel país, detectando una serie de irregularidades y un posible modus operandi. En este explicativo, Fast Check CL te cuenta los principales hallazgos del ente fiscalizador.
Por Elías Miranda
Un golpe de proporciones recibió el Gobierno luego de que la Contraloría revelara, en los informes dispuestos por el sitio web, un compilado de auditorías a las transferencias del Estado a diversas fundaciones. El órgano fiscalizador detectó irregularidades en 15 regiones.
Recordemos que el asunto explotó luego de que el medio regional Timeline, diera cuenta de un millonario convenio entre Democracia Viva —con Daniel Andrade como representante legal— y el Serviu de Vivienda en Antofagasta, liderado en ese entonces por Carlos Contreras. El asunto tenía un factor común: la diputada por la zona, Catalina Pérez, era pareja de Andrade y ex jefa de Contreras en el Congreso.
Previo a la emisión de las auditorías, el contralor Jorge Bermúdez, asistió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga —entre otras cosas— las transferencias de recursos del programa de asentamientos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), secretaría a cargo del socialista Carlos Montes.
Pero, ¿cuáles serían esas irregularidades? En este explicativo, Fast Check CL deja los antecedentes que se desprenden de las auditorías emitidas por Contraloría.
RM: Los líos de la Subsecretaría de Vivienda
Para la repartición central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la situación es complicada. El órgano fiscalizador detectó que existen casillas de correos electrónicos asociados a personas que no están contratadas por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. A continuación, algunos puntos destacados del informe correspondiente a la región Metropolitana.
- Alrededor de 406 casillas de correos electrónicos, «cuyo RUT no se encuentra vinculado a ninguna contratación por parte de esa repartición pública, de las cuales, 259 se encuentran habilitadas y 147 no habilitadas».
- El documento constata la existencia de casillas de correos electrónicos «asociados a cuentas de usuarios desvinculados que se encuentran activas».
En la página 27, el informe señala que un convenio entre el Minvu y la Fundación Grupo 99, para la ejecución de 1 proyecto de inversión en el marco del Programa para Pequeñas Localidades —realizada con asignación directa— no contó con una justificación documentada, ni con los motivos requeridos.
Contraloría puntualizó que tanto en el Minvu como en las secretarías regionales, son varias las transferencias de recursos que «carecen de cláusulas sobre conflicto de intereses».
La faltas de control en regiones
Fast Check CL revisó los informes emitidos, junto con agregar los antecedentes entregados por el contralor Bermúdez en la Comisión Investigadora. Un punto en común es la falta de control en los recursos asignados.
Algunas de las regiones críticas, por ejemplo, en Arica y Tarapacá, los mecanismos de control en asignaciones millonarias a fundaciones fueron deficientes. Esto ha derivado en sumarios por posibles irregularidades de fondos públicos y problemas en la georreferenciación de campamentos.
Atacama y Coquimbo por su parte, evidencian convenios a fundaciones con documentación incompleta, sin justificar y falencias administrativas en los proyectos.
Estos tópicos —en su mayoría— coinciden con otras regiones como: Antofagasta, Valparaíso, O’Higgins, el Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
Ver los informes región por región acá.
“Del Gobierno anterior”
Conocida esta información, personeros de la administración del Presidente Gabriel Boric salieron a contener la información emitida por Contraloría. Pese a que el contralor Bermúdez declinó aglutinar estas irregularidades como un «modus operandi», la expresión ha comenzado a instalarse en la opinión pública.
Ante esto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, replicó que «aquí tenemos casos que no están suscritos en un solo sector político», haciendo hincapié a que el diseño de las transferencias no tienen origen en esta administración.
Vallejo hizo un llamado a centrarse «en las acciones frente a la agenda legislativa que hemos propuesto. Necesitamos la aprobación de las medidas, son más de mil medidas en la Ley de Presupuesto para enfrentar con acciones estas debilidades institucionales».
Un poco más allá fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien aseveró que «las irregularidades se produjeron en el traspaso de recursos durante el año 2021 y 2022, por lo tanto, esa responsabilidad es intransferible».
En Radio Pauta, Monsalve comentó que el Gobierno debe asumir dos responsabilidades: «Primero, reparar la institucionalidad, lo cual ya se está haciendo en la discusión de la actual Ley de Presupuesto. Lo segundo es hacerse cargo de las responsabilidades políticas y administrativas que pueda haber».
Con el paso de las horas, Contraloría ha comenzado a enviar estos antecedentes al Ministerio Público. Respecto a una Seremi de Vivienda de la RM, la Contraloría decidió remitir los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Se espera que este procedimiento sea igual en las respectivas regiones.
