El juicio contra Héctor Llaitul, líder de la CAM, resultó en una condena de 23 años de cárcel gracias a pruebas obtenidas de su teléfono incautado. Las conversaciones reveladas con periodistas y familiares fueron cruciales, mostrando su implicación en actividades ilícitas y su influencia en la organización.
Por Fast Check CL
El subcomisario de la PDI, Cristián Salgado, fue una figura central en el juicio contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), formando parte del equipo que realizó la detención, se reveló que presentó pruebas obtenidas del teléfono Xiaomi Redmi Note 10 incautado al imputado. Estas pruebas, que incluían conversaciones con periodistas y detalles sobre del modo de operar con su familia, fueron esenciales para condenar a Llaitul a 23 años de cárcel.
En este contexto, las evidencias revelaron conversaciones inéditas entre Llaitul y varios periodistas, entre ellos Josefa Barraza, directora del medio El Ciudadano. En un mensaje, Llaitul expresaba su compromiso con la venganza por la muerte de Toño Marchant: “Yo juré vengarlo!! Desde que él murió he redoblado los esfuerzos. Y hoy tenemos el doble de fundos forestales en recuperación”, se puede leer, según lo consignado en la investigación realizada por Radio Bío Bío. Estas interacciones fueron claves para sustentar las acusaciones y mostrar la influencia de Llaitul en la organización.
Las conversaciones también involucraron a Mónica González, a quién Llaitul confió detalles sobre su hijo Pelentaro, quien resultó herido en un enfrentamiento con Carabineros: “Están investigando a mi Pelochoclo (Pelentaro). Lo quieren procesar y meter preso también… y es un niño aún. El Pele tiene 17. Le dieron un balazo en una pierna y tuvimos que llevarlo a Santiago a atenderlo”, comentó en ese chat en particular. Estas conversaciones ayudaron a contextualizar la participación de Llaitul y sus hijos en las actividades de la CAM durante el juicio.
En esta misma línea, otro periodista mencionado en las pruebas fue Boris van der Spek, detectándose en este caso, una transferencia bancaria a favor de Llaitul, lo que sugería una entrevista pagada. “Habría sido una entrevista pagada y no por un tema de reivindicación”, atestiguó el detective Salgado.
Entre las conversaciones más reveladoras, se destacó un mensaje de Llaitul a su hijo Ernesto, donde coordinaba un ataque en Máfil, Región de Los Ríos: “Tres temitas: dos ‘corteli’ y el ‘connotado’”, referiéndose a armas de fuego. Este tipo de mensajes mostraban la manera en que Llaitul dirigía y organizaba las operaciones, ya que los ejemplos de estas instrucciones son numerosos y detallan desde la adquisición de armas hasta la ejecución de ataques.
Por otra parte, las fotografías enviadas por Llaitul a Josefa Barraza también fueron cruciales en el juicio, ya que permitieron a los investigadores posicionar a Llaitul en lugares donde se cometieron actos de violencia, reforzando las pruebas en su contra. Una de las fotos, tomada en el fundo Renaco Los Pastales, mostraba a Llaitul armado con un fusil M16, lo que ilustraba su participación activa en las actividades de la CAM.
Barraza, al ser consultada por BBCL Investiga, señaló que las conversaciones con Llaitul se mantuvieron en el marco de una relación profesional, debido a una investigación periodística por la muerte de Pablo Marchant iniciada en septiembre de 2021. “Fiscalía no me citó a declarar, tampoco fui citada al juicio. Me enteré que tuvieron acceso a estas conversaciones en la condena del 7 de mayo pasado”, afirmó, considerado además, que ser mencionada en una sentencia judicial “criminaliza nuestro rol como periodistas”.
Las pruebas presentadas en el juicio también permitieron a la PDI conformar un perfil psicológico de Llaitul, describiéndolo con rasgos “narcisistas” y “ególatras”. “Dentro del informe que se envía al Ministerio Público se menciona que las búsquedas web realizadas por el imputado correspondían principalmente a la búsqueda de su propio nombre, de Héctor Llaitul, concordante con que también buscaba reivindicaciones territoriales, atentados incendiarios que hayan aparecido en la prensa”, explicó el subcomisario Salgado durante el juicio, según consigna Bío Bío.
Finalmente, se señala que la condena de 23 años impuesta a Llaitul fue considerada por su abogada defensora, Victoria Bórquez, como una persecución política y racial. “Estas penas impuestas, que suman un total de 23 años, dan cuenta del carácter que nosotros planteamos de un comienzo en cuanto a la persecución política y racial que ha realizado el Estado chileno”, afirmó.
