Apenas ocho días duró el arresto domiciliario contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Y es que el pasado martes 25 de febrero la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, por lo que la exalcaldesa de Maipú volverá la cárcel de mujeres de San Miguel en prisión preventiva.
El fallo del tribunal de alzada decretó que Barriga —acusada de fraude al fisco, soborno y falsificación de instrumento público— debe reingresar a la cárcel, considerada un “peligro para la seguridad de la sociedad”.
Sin embargo, esta situación no es nueva para Cathy Barriga. Ya es tercera vez que su medida cautelar ha sido modificada.
El primer ingreso a la cárcel de San Miguel de la otrora alcaldesa de Maipú fue el 12 de noviembre de 2024. Tras apelar, el tribunal cambió la cautelar por arresto domiciliario. Sin embargo, casi un mes después, el 26 de diciembre del mismo año, regresó al recinto penal. Nuevamente, la justicia la consideró que era un peligro para la sociedad y ordenó la prisión preventiva.
Un nuevo fallo resuelto por la jueza María Inés Lausen, del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, otorgó a Barriga el arresto domiciliario el pasado 17 de febrero.
Decretar esta medida le costó a la magistrada una dura crítica del tribunal de alzada, el cual apuntó a que Lausen había reconocido, en dos oportunidades, la falta de antecedentes para otorgar el arresto domiciliario a Barriga. Pese a su propia advertencia, dictaminó dicha cautelar a la exalcaldesa.
¿Por qué la cautelar de Cathy Barriga cambia constantemente?
La puerta giratoria de Cathy Barriga ha generado, en más de una ocasión, la interrogante de por qué sucede este fenómeno. Pese a lo llamativo de la situación, el abogado penalista, Luis Gálvez, comenta que esto es “absolutamente normal”.
Asimismo, Gálvez explica que cuando el tribunal o el Juzgado de Garantía resuelve una petición de este estilo, debe considerar dos aspectos: la existencia del delito y participación del imputado, y la necesidad de la cautela.
En la misma línea explica que, en este caso, se discutió en base a que la defensa debía presentar nuevos antecedentes para revertir la prisión preventiva, requerimiento que no se cumplió según la misma magistrada que otorgó el arresto domiciliario.
Por este punto, la parte querellante —es decir el Ministerio Público— apela a la decisión, debiendo la Corte de Apelaciones hacerse cargo del asunto. Al analizar el caso, la corte se percata que la jueza tomó la decisión sin contar con nuevos antecedentes, por lo cual, revoca la decisión.
Según el abogado penalista, esto “es absolutamente ajustado al derecho”.
“Cada resolución que dicta la Corte de Apelaciones tiene su propio mérito y, en este caso, se basó absolutamente ajustada a derecho dentro de su facultad. Y, sobre todo, si la propia jueza en un argumento dice que no hay nuevos antecedentes que haya aportado la defensa y, por otro lado, le otorga la libertad. Hay una contradicción”, puntualiza Luis Gálvez.
¿Cada cuánto puede apelar la parte querellante y la defensa?
Según el abogado penalista, la modificación de la medida cautelar “es esencialmente revocable”, lo que se traduce en que ambas partes puedan apelar las veces que estimen conveniente hacerlo.
“Obviamente, tienen que pedir una audiencia nuevamente al tribunal y, por mi experiencia, nosotros los penalistas no pedimos una revisión sin nuevos antecedentes claros a favor de nuestro representado”, explica Gálvez.
Por otra parte, el penalista agrega que lo ideal es esperar al menos un mes para solicitar la revocación de cautelares.
“Si yo llego a la corte en 15 días más, no tengo ninguna posibilidad de revocar la prisión preventiva porque ese criterio en qué va a cambiar. Salvo que se decreta un sobreseimiento definitivo en alguna de las aristas o ocurra un cambio sustancial”, argumenta el abogado.
En la misma línea comenta, que la defensa de Cathy Barriga aún puede recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso de amparo. De todas formas, Gálvez recalca que la exalcaldesa tiene, como mínimo entre uno y dos meses más de prisión preventiva.
