La Contraloría Regional de La Araucanía (CGR) detectó irregularidades en la adquisición de vestuario institucional por parte de la Municipalidad de Padre Las Casas, entre diciembre de 2020 y julio de 2023. El informe especial 386/2024 observó ocho compras a la misma proveedora por un total superior a $29,8 millones para la vestimenta de funcionarios municipales.
En tres de esas adquisiciones —que en conjunto superan los $28 millones— intervino la entonces directora de Gestión de Personas, cuya proveedora era abuela de sus dos hijas. La CGR también advirtió la entrega de prendas defectuosas y la existencia de facturas impagas, lo que, a su juicio, evidencia una falta de coordinación y seguimiento entre las distintas unidades municipales.
Fast Check CL confirmó que la funcionaria mencionada en el informe es Paula Suazo Obreque, quien actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Calidad y Gestión de Servicios de la misma municipalidad.
El origen de los contratos
La Contraloría observó ocho contrataciones realizadas por la Municipalidad de Padre Las Casas con una proveedora vinculada a la entonces directora de Gestión de Personas, por un monto total de $29.890.553. Tres de estas adquisiciones se efectuaron bajo la modalidad de Convenio Marco y las otras cinco mediante Compra Ágil.
Las compras bajo Convenio Marco se gestionaron a través de una licitación pública adjudicada a Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A. por parte de la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra). Este convenio tenía como objeto la administración y entrega de beneficios de alimentación y tarjetas gift card, y permitía a los organismos públicos acceder a un catálogo de proveedores para «compras desde 10 UTM hasta 10.000 UTM (…) consideraba implícito un descuento de 12%».
En el caso de Padre Las Casas, Sodexo ofreció un catálogo con 68 proveedores de vestuario en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. No obstante, según el informe de Contraloría, el municipio optó siempre por la misma proveedora, sin justificar por escrito la elección, ni emitir el informe técnico-económico exigido en el manual interno de adquisiciones.
Conflicto de interés de la directora de Gestión de Personas
Como resultado de la auditoría de la CGR, se constató que la entonces directora de Gestión de Personas participó en tres adquisiciones, por un total de $28.082.050, a una proveedora que es abuela de sus dos hijas, a través de Convenio Marco.
La funcionaria reconoció no haber emitido el informe técnico que justificara la elección de la proveedora, desconociendo el manual de adquisiciones y la lista de proveedores asociados. También admitió haberla escogido «por una buena experiencia previa, pues de forma particular cada funcionario de esa dirección le había comprado poleras, que resultaron baratas y de buena calidad».
Para el órgano fiscalizador, este hecho «representa un conflicto de interés, vulnerando con ello el deber de abstención y el principio de probidad administrativa».
En una de estas compras, por más de $25,7 millones, no se entregaron 70 cortavientos, seis parkas y 21 poleras —equivalentes a $4.414.900—, y parte de las prendas recibidas presentaba defectos de talla y confección. Pese a que habían transcurrido más de 20 meses, el municipio no aplicó multas, no puso término al contrato y la factura seguía impaga.
Para la Contraloría, la ausencia de sanciones y de medidas correctivas frente a estos incumplimientos, evidencia una vulneración al resguardo del patrimonio municipal y a la probidad administrativa.
Las otras compras a la misma proveedora
El informe también reveló que, luego de las adquisiciones por Convenio Marco, el municipio efectuó cinco compras bajo la modalidad de Compra Ágil —sin que se acreditara intervención de la Dirección de Gestión de Personas— por un total de $1.808.503, nuevamente a la misma proveedora.
En estos casos, la Contraloría advirtió que no se consideró el incumplimiento previo registrado en el Convenio Marco. Asimismo, en dos compras se adjudicó a esta oferente pese a no presentar el precio más bajo, con el argumento de que entregaría el pedido en un plazo menor, lo que finalmente no ocurrió.
En otro caso, el municipio optó por la compra ágil a pesar de que el Convenio Marco seguía vigente, perdiendo la posibilidad de acceder al descuento del 12% que ofrecía esa modalidad.
¿Quién es Paula Suazo?
En el informe, la Contraloría señaló que la funcionaria cuestionada ejerció como directora de Gestión de Personas de la Municipalidad de Padre Las Casas desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2023, y que a partir del 1 de agosto de ese año se le designó como directora de Calidad y Gestión de Servicios.
El documento tiene tachado el nombre de la funcionaria, pero Fast Check CL contrastó esos antecedentes con la información disponible en Transparencia del municipio y determinó que se trata de Paula Suazo Obreque.
Suazo Obreque es contadora pública y auditora de profesión. En el área de Gestión de Personas, percibía un sueldo que oscilaba entre los $2,5 y $3,8 millones. Actualmente, en Calidad y Gestión de Servicios recibe un sueldo que puede ir desde los $3,1 hasta los $5,1 millones.
Las instrucciones de Contraloría
La CGR instruyó incorporar estos antecedentes al sumario administrativo en curso, exigir que en futuras compras se declare la independencia de los funcionarios intervinientes y mantener un registro actualizado sobre el desempeño de los proveedores.
Además, ordenó resolver el contrato pendiente de la orden de compra N° 2546-789-CM22 —por más de $25,7 millones—, aplicar las multas correspondientes, regularizar la factura y subsanar las deficiencias detectadas en la entrega y calidad de las prendas.
El municipio contaba con un plazo de entre 15 y 60 días hábiles para acreditar el cumplimiento de estas medidas.
Fast Check CL se contactó con la Municipalidad de Padre Las Casas y envió un cuestionario, pero la entidad solo respondió que la información del sumario es reservada, sin abordar el resto de las consultas. También señaló que los antecedentes pueden solicitarse vía Transparencia, procedimiento que contempla un plazo de respuesta de hasta 20 días hábiles.
