La Contraloría Regional de Atacama (CGR) ofició en julio pasado a la Municipalidad de Copiapó, encabezada por el alcalde Maglio Cicardini, para que inicie un procedimiento invalidatorio respecto de la adjudicación de una licitación pública y, además, lleve adelante un procedimiento disciplinario. De acuerdo a un comunicado del municipio, el proceso resultó suspendido.
Conforme al documento emitido por el órgano contralor, al que tuvo acceso Fast Check CL, la denuncia —presentada por la concejala Carolina de La Carrera— apuntó a la licitación pública ID N° 2380-31-LQ25, destinada a la adquisición de 4.000 cajas de alimentos para la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
Según lo consignado, durante el proceso se habrían modificado las condiciones mediante respuestas a preguntas de los oferentes, lo que derivó en un aumento del monto licitado a más de 5.000 UTM, es decir, sobre $346 millones. También se acusó incumplimiento de plazos y la ausencia de garantías de fiel cumplimiento y de seriedad de la oferta.
La Contraloría recordó que la Ley N° 19.886 exige la estricta sujeción de las licitaciones a las bases administrativas y técnicas. Tras su revisión, concluyó que, mediante una respuesta en el portal, se modificó de manera «esencial» el objeto de la licitación: pasó de ser una compra única de 4.000 cajas a una adquisición mensual de 4.000 cajas hasta diciembre de 2025.
Dicha modificación no se incorporó a las bases, no se formalizó a través de un acto administrativo ni se otorgó un mayor plazo para otros oferentes, lo que vulneró los principios de igualdad y sujeción a las bases. Asimismo, se recordó que la garantía de fiel cumplimiento era obligatoria en contrataciones sobre 1.000 UTM, mientras que las bases fijaban un monto máximo de $210 millones (IVA incluido).
En consecuencia, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Copiapó iniciar un procedimiento invalidatorio de la adjudicación en un plazo máximo de 10 días hábiles e iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. También se observó que en la sesión extraordinaria N° 3 del 25 de abril de 2025, el municipio informó la compra como mensual, sin precisar la modificación introducida.
Una licitación cuestionada
El 29 de abril de 2025, la Municipalidad de Copiapó aprobó —mediante decreto alcaldicio— la licitación adjudicada, con el visto bueno del Concejo Municipal, aunque con reparos. Cada caja costaba $47.588 y estaba destinada a personas mayores de 65 años, pertenecientes al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), y con residencia en la comuna.
Fast Check CL revisó la documentación del proceso y detectó que al menos tres órdenes de compra de 2025 —por $190.352.400 cada una— se emitieron cuando el contrato con el proveedor, Equipment Solutions Chile SpA, aún no estaba aprobado por el municipio. A este tipo de prácticas se les conoce, comúnmente como «regularizas».
Las órdenes de compra se emitieron el 9 y 15 de mayo, y el 16 de junio. El contrato (ver aquí) entre el municipio y Equipment Solutions Chile SpA fue convenido el 9 de junio, pero recién aprobado por decreto municipal el 19 del mismo mes. En total, antes de contar con respaldo contractual, el municipio pagó $571.057.200.
Equipment Solutions Chile SpA, cuyo representante legal es Nelson de la Cruz Vásquez Rubilar, ya había sido proveedor del municipio en 2024, con un servicio de 1.200 cajas de mercadería por $33 millones. Sin embargo, de acuerdo con los registros de sus servicios en Mercado Público, ninguno guardaba relación a la entrega de alimentos. Además, según consignó El Zorro Nortino, la empresa no contaba con resolución sanitaria, pese a que su giro social incluía actividades de restaurante.
El comunicado
A través de un comunicado, la Municipalidad de Copiapó informó que durante septiembre no se realizaría la entrega de cajas de alimentos por instrucción de la Contraloría. También señaló que se están «realizando todas las acciones administrativas internas para levantar una nueva licitación y así poder retomar este importante insumo para nuestras vecinas y vecinos en el menor tiempo posible».
Finalmente, el municipio agregó que «a fin de evitar nuevos cuestionamientos en los procesos de compra, la Municipalidad de Copiapó está trabajando con la mayor seriedad y celeridad posible, dentro del marco que nos exige la Ley de Compras (…)»
Actividad para mujeres emprendedoras
La denuncia de la concejala De La Carrera también incluyó la exclusión de concejalas en una actividad municipal destinada a destacar el trabajo de mujeres emprendedoras, a la que asistieron otras autoridades de la región.
El municipio respondió, según el oficio revisado por Fast Check CL, que las actividades estaban abiertas y que no se negó la participación a ninguna concejala. Sin embargo, la Contraloría observó que no se acreditó si la actividad fue informada al Concejo, si existieron invitaciones formales ni el listado de participantes. Asimismo, constató la presencia de la diputada Daniella Cicardini —hija del alcalde Maglio Cicardini— sin que el municipio acreditara si fue invitada formalmente ni si esa invitación se extendió a otras autoridades o parlamentarias.
El órgano fiscalizador recordó que las autoridades deben regirse por el principio de probidad administrativa, que exige un desempeño intachable y el resguardo del interés general. También subrayó que los eventos financiados con recursos públicos deben garantizar igualdad de trato y oportunidad entre distintas autoridades y sectores políticos.
La Municipalidad de Copiapó deberá entregar los antecedentes documentados sobre las invitaciones y la participación en esta actividad dentro del mismo plazo fijado para el procedimiento invalidatorio. Además, el oficio de la Contraloría deberá ser informado al Concejo Comunal, lo que según fuentes consultadas, todavía no ocurre.
