El martes 23 de septiembre, Fast Check CL reveló un oficio enviado por el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en el que se constata la falta de presupuesto para concretar la compra efectiva de 17 terrenos contemplados en el Plan de Emergencia Habitacional en la Región Metropolitana. De ellos, 12 ya figuran inscritos a nombre del Serviu y los restantes están en proceso de inscripción.
Ante la gravedad de la situación, Acosta planteó medidas de mitigación para enfrentar el problema mediante acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, en el oficio de respuesta publicado ayer por Fast Check CL, el ministro Montes no abordó el asunto y se limitó a solicitar mayores antecedentes al director del Serviu Metropolitano.
En el oficio enviado al ministro de Vivienda y Urbanismo, Acosta detalló que, para evitar la judicialización de los contratos y asegurar la continuidad de los proyectos, ofreció a los vendedores —en reuniones sostenidas en junio— tres medidas de mitigación: pagos inmediatos, compensaciones por morosidad y la formalización legal de los acuerdos.
No obstante, el documento aclara que los pagos inmediatos no provendrían de recursos del Serviu, sino de los ahorros de las familias. Dicho desembolso sería entregado a los vendedores incluso si estos no aceptan la propuesta general, con el fin de reducir la morosidad y limitar eventuales acciones judiciales.
Entre los 17 proyectos afectados, se encuentra el Condominio Simón Bolívar 2, ubicado en Recoleta, que contempla un monto de 21.900,02 UF para la compra del terreno. De esa cifra, 3.092,22 UF provienen del ahorro de las familias y 18.807,83 UF del subsidio estatal.
Fast Check CL accedió a correos entre el Serviu Metropolitano y la corredora de propiedades a cargo de la venta del terreno donde se emplaza el Condominio Simón Bolívar 2, en los que se confirma que el organismo efectuó el pago con los ahorros de las familias, pese a que los vendedores no estaban de acuerdo.
El postergado pago por el terreno
Lo que comenzó como un proceso expedito de compraventa en noviembre de 2024 terminó en un tira y afloja por el pago que el Serviu Metropolitano adeuda a la familia Herreros, vendedora de la propiedad Comandante Veliz en Recoleta, asociada al comité habitacional Simón Bolívar 2, el que a su vez forma parte del Plan de Emergencia Habitacional.
Una cadena de correos —a la que accedió Fast Check CL— muestra cómo, tras la firma de la escritura pública y el traspaso de la propiedad a nombre del Serviu Metropolitano, la certeza de un pago pronto se transformó en plazos incumplidos y falta de «disponibilidad presupuestaria» que podría extender la deuda hasta 2026.
El 6 de enero de 2025, Hellen Iturra Navarro, abogada de la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Recoleta y mediadora ante el Serviu Metropolitano del comité Simón Bolívar 2, informó a Sol Herreros —corredora de propiedades y representante de la familia vendedora— que el 25 de marzo de dicho año se pagaría por el terreno, lo cual no se cumplió.
Presión para entregar terreno
En paralelo, desde el Serviu Metropolitano solicitaron a la familia dejar el inmueble desocupado. Herreros relató a Fast Check CL que tuvieron que poner fin al arriendo que mantenían en el lugar, perdiendo esa fuente de ingresos, mientras un abogado del organismo los presionaba para entregar las llaves: «Fuimos a una reunión con el abogado que fue súper prepotente, diciendo ‘entreguen el sitio mañana’. Fue súper raro», afirmó.
Luego de la postergación en marzo, se fijó como nuevo plazo la última semana de mayo. Sin embargo, el 30 de ese mes Iturra informó por correo electrónico de otro revés: «el proceso (de pago) se encuentra actualmente detenido en la etapa de refrendación por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres)».
Días después, Sol Herreros insistió: «ya estando en junio (de 2025) no llega el pago que se comprometió» y advirtió que, para cumplir con el Serviu, «ya sacamos a los arrendatarios de acuerdo a lo solicitado por Matías (abogado del Serviu) ¿qué garantía tenemos de llegar a puerto?».
«Entiendo completamente lo que me dices, y comparto la frustración de los propietarios. Lamentablemente no me puedo comprometer con fechas, pues Serviu es quien realiza el pago», respondió Iturra por correo.
Finalmente, Herreros contó a este medio que el 12 de junio fueron citados a una reunión donde se les propuso llegar a un acuerdo extrajudicial. Allí, el Serviu planteó entregar un primer pago con los ahorros de las familias, sumar una compensación por la mora y fijar una nueva fecha de pago: el 31 de diciembre de 2025.
El pago con el ahorro de las familias
Tras la incertidumbre en los pagos a la contraparte vendedora, se efectuaron una serie de reuniones con el Serviu Metropolitano, entre ellos, con José Benjamín Aguayo Rivera —encargado de la sección de adquisición de inmuebles en el Servicio—, quien comenzó a comunicar los acuerdos para poner paños fríos.
El 30 de junio de 2025, Aguayo informó que respecto a la mora, la compensación se calcularía con la tasa de interés corriente, citando la Ley N° 18.010 y un ejemplo de tasa anual del «4,40 % anual». Además, aclaró que el ítem ahorros (2.830,79 UF) estaba en proceso de pago para el mes de julio.
Pese a que el documento de compraventa fijó el ahorro de las familias en 3.092,22 UF, condicionado al 1 de enero de 2023 y equivalente a poco más de $108 millones, al momento del pago en junio de 2025 dicho monto se devaluó a 2.830 UF.
El «ítem de ahorro» al que se hace alusión, corresponde al porcentaje que entregan las familias al postular al beneficio en la compra del terreno donde se construirán las viviendas. La parte restante, la cual es mayoritaria, es pagada con recursos provenientes del Estado, en este caso, del Serviu Metropolitano.
Sol Herreros, representante de la familia Herreros, relató a Fast Check CL que aguardaban un anexo ofrecido por el Serviu Metropolitano, en el que se detallarían las condiciones del acuerdo: «Nosotros firmando ese anexo, ellos dejan de estar en mora. Pero este anexo nunca llega tampoco. Entre medio de esto, aparecen los fondos en la cuenta. Los fondos de las familias», sostuvo.
El 29 de julio de 2025, José Benjamín Aguayo reafirmó por correo que el pago del ítem ahorros «se ha ejecutado durante el presente mes, con el compromiso de los equipos responsables de cancelar la totalidad de los montos informados antes del viernes 1 de agosto».
Sin embargo, el saldo de los subsidios y compensaciones seguía pendiente, ya que requerían de la «aprobación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual fue requerida ya formalmente por el Director del Servicio, encontrándonos a la espera de esa autorización». Según reveló este medio, el ministro Montes devolvió la solicitud sin respuesta, lo que imposibilitó avanzar en el trato.
“Esto es para el próximo año, ustedes son prioridad”
La frustración de la familia se profundizó. «Durante un mes no supimos nada de ellos. Luego, el 3 de septiembre, nos citan nuevamente a otra reunión que, la verdad, ya no nos dan ni ganas de asistir porque ya sabemos más o menos lo que viene».
«Nos dicen lo mismo que otras veces: «’Esto es para el próximo año. Ustedes son prioridad. Pretendemos pagar’. Pero sin fecha concreta», expresó Herreros.
El 15 de septiembre, Sol Herreros envió un correo exigiendo «seriedad», donde recalcó que se les había hecho un pago por un acuerdo que nunca suscribieron, enumerando las múltiples promesas incumplidas:
Una semana más tarde, el 22 de septiembre, y ante las críticas por haber pagado primeramente con el ahorro de las familias, José Benjamín Aguayo respondió, confirmando que el abono de los ahorros se realizó por obligación, pero que el pago del subsidio seguía pendiente de la obtención de recursos: «nos encontramos a la espera de contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria para dictar la correspondiente resolución aprobatoria de la compraventa, y así proceder a su pago, lo cual sucederá en los plazos que informamos en la reunión celebrada».
La respuesta no convenció. Matías Herreros, hermano y socio de Sol, contestó que lo único que les constaba era que la compensación por mora no había sido aprobada por el Minvu y que: «No existe plazo alguno para proceder al pago, ya que tal como indicas, esto está supeditado a contar con la disponibilidad presupuestaria, cuestión que, en todo caso, no sucedería durante lo que resta de este año».
Desde entonces, la familia no ha recibido nuevas comunicaciones del Serviu Metropolitano. «Ahora todas las deudas que genera el sitio, la luz y todo eso, las tenemos que pagar nosotros. Además, representamos a una sucesión: somos siete hermanos, aunque uno falleció. Hay gente que dependía de esa plata», puntualizó Sol Herreros a esta redacción.
Por Fabián Padilla, Elías Miranda y César Leal
