Sunflower Technologies SpA apareció en junio de 2023, cuando Raúl Elías Medel Monges constituyó una sociedad en Las Condes por apenas $450.000, en representación de un supuesto inversionista extranjero, Jesse Warren August. Desde agosto ingresó Pablo González como gerente, y en septiembre arribó Jaime Mena, transformándose en parte del equipo ejecutivo de la firma .
La plataforma prometía atractivas rentabilidades de hasta un 12 % mensual desde depósitos mínimos de US$ 50. Operaba mediante «coincidencias» para financiar tarjetas de crédito, sistema de referidos, misiones diarias y sorteos con premios como consolas PlayStation, Nintendo y freidoras. Contaba incluso con una sede formal en Las Condes y un equipo de cerca de 30 personas .
Hasta julio de 2025, la empresa comenzó a colapsar de un día para otro: realizaron dos retiros por más de US$ 100.000 cada uno (más de $200 millones), tras lo cual los supuestos propietarios singapurenses desaparecieron, se cayó el sitio web y las redes sociales, dejando a más de 3.000 chilenos sin poder recuperar sus inversiones, que superarían el millón de dólares .
A principios de agosto de 2025, un grupo de víctimas presentó querellas penales contra ejecutivos como Jaime Mena, Sandra Muñoz y representantes asiáticos (Zhiqiang Yang y Xinhong Wan), acusándolos de estafa, apropiación indebida, lavado de activos y otros delitos. Solicitan además el congelamiento de bienes y la máxima sanción legal para los involucrados.
A pesar de los beneficios iniciales y la atención personalizada, la empresa no estaba regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que incluso rechazó su inscripción. Fast Check CL recopiló seis querellas —ordenadas cronológicamente— presentadas por las víctimas de Sunflower, acusando pérdidas millonarias, junto con describir el presunto método de engaño.
Sunflower: la supuesta huída del país
Más de $395 millones —y una estimación total cercana a los 500 millones— es el monto que, según una querella criminal, habría defraudado Sunflower Technology SpA a través de su plataforma de inversiones. La empresa ofrecía, supuestamente, rentabilidades fijas que iban del 0,1% al 16% mensual, con recargas en criptomonedas (USDT) o transferencias a cuentas de Santander, Scotiabank y Banco de Chile.
Para reforzar su credibilidad, mantenía oficinas físicas, organizaba eventos promocionales e incluso realizó una jornada de reforestación en 2024.
La acción legal, en representación de 93 víctimas, apunta a los directivos Jaime Adolfo Mena Miralles y Sandra Muñoz Sepúlveda por estafa reiterada y asociación delictiva. Según el escrito, profesionales —incluidos los querellados— diseñaron una estructura legal para captar inversionistas, mientras socios asiáticos supuestamente gestionaban las ganancias con bancos extranjeros.
Por casi dos años, la plataforma funcionó sin incidentes, hasta que en abril de 2025 comenzaron los primeros problemas para concretar retiros. El 3 de julio se reportaron retrasos en los pagos, y tres días después, los representantes asiáticos habrían abandonado un grupo interno de WhatsApp. Poco después se confirmó —asegura el escrito— su huida del país, mientras la gerencia ordenaba eliminar todo el contenido digital, dejando incluso impago un evento de aniversario por $33 millones.
La querella describe un esquema de engaños sistemáticos para inducir a error a las víctimas y obtener su dinero. Pide que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI cite a declarar a los afectados, investigue el patrimonio de los imputados y oficie al Servicio de Impuestos Internos y al Registro Civil por bienes y vehículos a su nombre.
Hay que retirar: la querella del 11 de julio
El 7 de julio de 2025, Javiera Pizarro Helo, nutricionista de Santiago, recibió una advertencia que marcaría el inicio de una pesadilla: alguien ligado a Sunflower le instó a retirar su dinero de inmediato. Hasta entonces, había confiado plenamente en la plataforma digital wap.sunflower-sa.com, que ofrecía un sistema de «misiones financieras» con ganancias diarias y bajo riesgo.
Con un entorno visual cuidado, testimonios de usuarios y la validación de identidad mediante documentos personales, la empresa parecía legítima. Incluso le otorgaron un bono inicial de 500 dólares para simular una inversión, lo que la llevó a comprometer sus propios recursos.
Atraída por la promesa de «ganancias estables» en misiones como la BFP, Javiera realizó varias transferencias desde su cuenta personal a nombre de Sunflower, por un total de $2.677.122. El hecho de que los depósitos se hicieran directamente a cuentas bancarias registradas a nombre de la sociedad reforzó su confianza. Durante los primeros meses, la plataforma le permitió retirar una pequeña suma, consolidando la sensación de estar frente a un negocio seguro.
Todo cambió tras la advertencia. Javiera intentó retirar USD 311 y luego el saldo total de 3.022 dólares, pero la plataforma bloqueó sus operaciones. Poco después, un comunicado en la cuenta de Instagram de Sunflower admitía problemas: un «fallo en las transferencias» y el abandono de la empresa por parte de la «dirección asiática» llevándose los fondos de los clientes. Para Javiera, fue la confirmación de que había sido víctima de un fraude.
En su propia indagación, descubrió que Sunflower había sido constituida con un capital de apenas $450.000 y sin autorización ni registro en la CMF, que ya había emitido una advertencia pública. Representada por Jaime Adolfo Mena Miralles y Zhiqiang Yang, la sociedad operaba con oficinas y un amplio objeto social, pero sin respaldo regulatorio.
Javiera presentó una querella criminal por estafa y apropiación indebida contra sus representantes y otros responsables, solicitando diligencias como peritajes informáticos y contables, así como medidas cautelares para impedir la salida del país y la disposición de bienes.
Una historia repetida: el cierre de redes y un sitio web
La historia comenzó con una promesa brillante. La empresa se presentaba como una oportunidad para inversión en el sector de la tecnología, ofreciendo rentabilidades que superaban las expectativas del mercado. Para tejer esta ilusión, utilizaban una página web, cuentas en redes sociales como Instagram, y oficinas físicas.
Se comunicó a los inversionistas que la empresa tenía registro con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y estaba en proceso de acreditación con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Incluso, organizaron eventos presenciales en hoteles para atraer nuevos clientes.
En un primer momento, el sistema parecía funcionar. Los pagos de supuestas utilidades se realizaban puntualmente, reforzando la confianza de los inversionistas. Quienes probaron a retirar sus fondos, vieron que el proceso se completaba, sembrando una aparente normalidad y seguridad en la plataforma.
Se exigían «misiones» diarias a través de la aplicación, lo que, según la empresa, permitía el crecimiento de la inversión y el acceso a los supuestos beneficios. El dinero, a menudo ahorros de toda una vida, finiquitos o fondos para necesidades básicas, fluía hacia las cuentas bancarias o billeteras digitales de Sunflower, bajo la promesa de una gestión segura y rentable.
Pero el telón cayó. Sin previo aviso, la empresa suspendió las operaciones. El cuento es conocido: el acceso a su página web se cerró, los perfiles de redes sociales desaparecieron, y las oficinas físicas se clausuraron. Los fondos invertidos quedaron sin posibilidad de recuperación. Lo que más golpeó fue el mensaje posterior: la propia empresa, a través de sus canales, informó que la plataforma era «parte de una estafa» o que había sido «víctima de una estafa».
Los querellados, que ascienden a 26 en esta acción judicial, sabiendo que los retiros no se permitían, continuaron captando dinero. La supuesta gerencia de origen asiático se habría fugado, llevándose consigo los fondos.
La querella busca que se apliquen las penas máximas para los delitos identificados: presidio mayor en su grado mínimo por estafa, presidio menor en su grado máximo por fraude informático y apropiación indebida, presidio mayor en su grado mínimo por asociación ilícita, y presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo por lavado de activos.
Promesas incumplidas: la presunta estafa confirmada en Instagram
La acción judicial presentada a mediados de julio revela un modus operandi ya conocido en los casos anteriores. Esta vez, 11 personas se unieron para denunciar a Sunflower, que las atrajo con pagos puntuales y la promesa de un negocio real, hasta que, el 7 de julio de 2025, la sucursal en Chile afirmó en una publicación de Instagram que los directivos asiáticos de Sunflower «abandonaron la empresa con los fondos de los clientes».
Jaime Cifuentes abrió su cuenta en marzo de 2024 atraído por las ganancias que la aplicación mostraba. Invirtió progresivamente hasta alcanzar los $98.390 dólares, animado por retiros iniciales exitosos y la atención constante de ejecutivos. El 3 de julio de ese año, intentó retirar $2.000 dólares, pero la fecha de pago se pospuso varias veces. El último intento fue presencial, en las oficinas de Apoquindo, Las Condes, donde se le negó el acceso por orden expresa de la empresa. Su capital sigue bajo control de Sunflower, sin reembolso.
Durante 2024, Matías Faúndez, realizó depósitos tanto en dólares como en pesos, sumando más de $1 millón. En abril de ese año, acudió a las oficinas de Santiago y recibió la seguridad de que Sunflower no era un esquema Ponzi, que contaban con seguros y que su inversión estaba protegida. Ninguna de esas promesas era cierta. Meses después, al intentar retirar su dinero, la plataforma solo mostraba saldos en revisión.
Marlon Bonano Molina conoció Sunflower en 2025, atraído por la oferta de rentabilidades mensuales. Convencido por eventos presenciales y el incentivo de premios por referir a nuevos clientes, aportó cerca de $8.000.000. No hubo señales de alerta hasta el 7 de julio de 2025, cuando la sucursal en Chile publicó el aviso en Instagram sobre el presunto fraude. Desde ese día, no ha podido recuperar ni un peso.
En conjunto, las pérdidas superan con creces las 400 UTM, umbral que agrava las penas para el delito de estafa en Chile. La querella también esta apuntada a Jaime Mena Miralles, Zhiqiang Yang y Sandra Muñoz Sepúlveda. Los delitos imputados incluyen estafa, fraude informático, apropiación indebida, asociación ilícita y lavado de activos.
Retiros fallidos: el dinero atrapado en la app
Sunflower ofrecía a sus clientes la promesa de altas ganancias mensuales a través de una aplicación de inversión. Contaban con oficinas físicas en Santiago y Viña del Mar, redes sociales activas y eventos presenciales. Sin embargo, según una querella presentada por ocho personas, todo habría sido una «fachada» para generar confianza. Entre los denunciantes, las pérdidas van desde los $4 millones hasta los $100 millones por persona.
Entre los relatos se encuentra el de la actriz y gestora inmobiliaria Faryde Kaid, quien relató que invirtió $11.000 dólares en Sunflower. Con el tiempo, observó que su inversión se duplicaba en intereses y logró efectuar un primer retiro con éxito. Esto la llevó a reinvertir sus ganancias, que ya sumaban $23.972 dólares. Al intentar un nuevo retiro, la operación no se concretó.
Tres días antes de que la empresa celebrara su segundo aniversario, Sunflower anunció en Instagram que sus dueños habían huido con los fondos y que las cuentas se encontraban bloqueadas.
Otro de los relatos expuestos en la querella es el de Cristóbal Salamé, quien a mediados de mayo de 2025 comenzó a transferir dinero desde la sucursal de Concón, acumulando más de $30 millones en unas 17 operaciones. El 4 de julio intentó retirar apenas $482 dólares, pero la operación no se concretó. Tres días después, la empresa había desaparecido de redes sociales, las cuentas bancarias estaban bloqueadas y los ejecutivos, inubicables.
Su hermano, Sebastián Salamé, también fue víctima. No obstante, su inversión fue más del triple que la de Cristóbal. Llegó a invertir cerca de $100 millones en la aplicación, convencido de que se trataba de un negocio sólido. El 6 de julio de 2025 quiso retirar $47.000 dólares, pero la transacción quedó congelada. Al día siguiente, se hizo público que Sunflower estaba involucrada en una presunta estafa.
Las víctimas solicitan las máximas penas para los acusados y acciones civiles para recuperar el dinero. La acción judicial apunta a Jaime Mena Miralles, representante legal de Sunflower Technology Spa; Zhiqiang Yang; Sandra Muñoz, business manager; y a todos quienes resulten responsables. Los delitos imputados son: estafa, fraude informático, apropiación indebida, asociación ilícita y lavado de activos.
De la oficina al presunto fraude: ganancias desaparecidas
El acercamiento comenzó en octubre de 2024, cuando Rodrigo Bastías vio una publicidad en Instagram sobre Sunflower, una plataforma para invertir en dólares. «Hice un comentario de que se trataba de una estafa, luego para probar llené un formulario», relata la acción judicial presentada por Bastías. Poco después, fue contactado por Florencia Piña, quien se presentó como su «ejecutiva» y negó las acusaciones, invitándolo a las oficinas de la empresa como muestra de confianza.
En el lugar, ubicado en Las Condes, le explicaron una modalidad de «asistencia mutua», un sistema mediante el cual se ayudaba a pagar deudas de terceros en otros países, con la promesa de que después de un tiempo se devolvería el dinero junto con un porcentaje de ganancia. Con una inversión inicial de 50 dólares y un saldo de prueba de 500 dólares, Bastías comenzó a realizar «misiones» o préstamos con distintas condiciones y plazos, que iban desde pequeñas inversiones inferiores a 1.000 dólares con ganancias diarias, hasta misiones de hasta 50.000 dólares con rendimientos anuales superiores al 20%.
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, Bastías realizó 14 transferencias bancarias a la cuenta corriente de Sunflower en Banco Santander, sumando un total de $52.020 dólares (aproximadamente $49,5 millones). Cuando comenzó a consultar sobre impuestos y retiros, recibió respuestas evasivas. En junio de 2025, una visita a las oficinas le causó extrañeza debido a la escasa presencia de personas y la poca actividad en el lugar.
El golpe definitivo llegó el 7 de julio, cuando recibió un mensaje de WhatsApp de Florencia Piña. «Me envía una advertencia que los dueños habían dejado todas las operaciones y se habían ido con los dineros de todos nosotros, y que los habían estafado y engañado a ellos también», señala el documento. Bastías mantenía varias «misiones» activas por decenas de miles de dólares que nunca recuperó.
La querella penal presentada por Bastías contra los representantes de Sunflower, Jaime Mena Miralles y Zhiqiang Yang, los acusa de asociación ilícita y estafa. Además del monto perjudicado, se solicita una indemnización de $20 millones por concepto de daño moral.
