La denuncia habría sido motivada por la publicación de un artículo en el medio electrónico el cual ,según acusa en la demanda Saieh, contendría expresiones que “derechamente son falsas, y además acusaciones e imputaciones que solo pueden concebirse en un claro ánimo de perjudicar la imagen pública”.
El Mostrador dio a conocer que Irina Karamanos realizó transferencias a la fundación investigada en el caso Convenios. La ex primera dama desmintió haber enviado dinero a ProCultura, mientras que el director de la PDI señaló que la institución no ha hecho recomendaciones sobre citarla a declarar como imputada.
La medida nace luego de un reportaje publicado por El Mostrador, en el que se detallan los supuestos tratos preferenciales que habría tenido Eduardo Macaya durante su paso por la cárcel de Rancagua.
El Mostrador publicó que, según un estudio realizado por el Instituto Lowy de Australia, Chile quedó entre los diez países que peor han manejado la pandemia. Tras revisar los datos, Fast Check CL catalogó esta información como real.
El software SocialTazk, vinculado a la empresa Modo74 y desarrollado por un exasesor de Joaquín Lavín Jr., está en el centro de una investigación por presunto fraude al fisco. El Ministerio Público sostiene que fue financiado con fondos públicos y utilizado con fines electorales. Fast Check CL revisó los antecedentes de la empresa y el perfil de su fundador.
En TikTok se viralizó un supuesto llamado a casting de Megavisión para un ‘remake’ de la serie El Reemplazante. Sin embargo, esto es #Falso, ya que el propio medio lo desmintió a través de sus redes sociales.
En redes circula una frase que vincula al gobierno de Boric y a Michelle Bachelet con la defensa de imputados del Tren de Aragua por parte del Estado. Sin embargo, esta situación responde a una garantía constitucional vigente desde hace más de dos décadas y no a decisiones del Ejecutivo.
La creación de una sociedad por acciones, a cargo de Francisco Fuentes —estrecho colaborador de Alberto Larraín—, permitió a la fundación ProCultura operar comercialmente, facturar actividades que escapaban a su objeto social, e incluso financiar su defensa penal en plena crisis del caso Convenios. Aunque el fundador de la ONG negó tener conocimiento sobre cómo operaba, declaraciones contenidas en la carpeta investigativa y antecedentes recopilados por Fast Check CL muestran que Larraín sí habría tenido injerencia en sus movimientos.
