Un informe del Observatorio de ChileCompra detectó eventuales irregularidades en dos tratos directos adjudicados por el SLEP de Atacama a Transportes Global Pro SpA. Bajo este contexto, el informe cuestionó la reiteración de justificaciones por urgencia y la falta de fundamentos normativos, antecedentes que ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República.
El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) ingresó un oficio solicitando informes y la adopción de medidas ante presuntas irregularidades en una licitación de colchones antiescaras adjudicada por Cenabast a Simil Express S.A., proceso en el que se cuestiona la autenticidad de certificados ISO 13485:2016, sobre la calidad de dispositivos médicos. Fast Check CL accedió a un informe del Observatorio ChileCompra, en donde este consignó que los documentos no pudieron ser verificados y que —en consecuencia— los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
Entre 2022 y 2025, la Sociedad Constructora J.J.A. Limitada ha recibido más de $670 millones en contratos con la Municipalidad de Lolol, periodo en el que una funcionaria del municipio era hermana de uno de los socios de la empresa. En diciembre de 2023 entró en vigencia el artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas, que prohíbe al Estado contratar con funcionarios públicos o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por lo que los convenios previos a esa fecha no estarían cuestionados. Sin embargo, en marzo de 2025, la empresa volvió a ser adjudicada para la mantención de áreas verdes, contrato mediante el cual ha percibido hasta ahora más de $117 millones.
La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección de Abastecimiento de la Armada (DABA) tras observar que delegó en la empresa Germán Maturana Prat E.I.R.L.—cuyo titular es exoficial de la institución—funciones que deberían realizar sus propios funcionarios. Según registros revisados por Fast Check CL, desde 2021 la empresa ha sido la única adjudicataria de licitaciones para asesorías en compras públicas, incluyendo redacción de bases, gestión de contratos y respuesta a reclamos.
Antes de asumir como concejal RN en Peralillo, Jaime Eduardo Gutiérrez Flores se adjudicó contratos de prestación de servicios con la misma municipalidad en la que trabajaba como funcionario y donde su hermana es funcionaria de planta. Según registros públicos revisados por Fast Check CL, mientras mantenía vínculo laboral con el municipio también obtuvo millonarios contratos a través del portal Mercado Público. Su última adjudicación podría constituir una vulneración al artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas, que prohíbe contratar a funcionarios del propio organismo o a parientes de estos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
