Patricio Gaete Maureira cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la educación superior. Antes de su paso por el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux (I.G.S.), desempeñó cargos directivos en instituciones como el Inacap y la Universidad San Sebastián. No obstante, una auditoría interna encargada por el I.G.S. —donde ejerció como rector hasta noviembre de 2024— detectó presuntas irregularidades en el uso de recursos institucionales.
A raíz de estos antecedentes, la institución presentó —el 17 de abril de este año, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago— una querella en su contra por el delito de administración desleal reiterada, acusándolo de haber causado un perjuicio económico estimado en $188.587.920.
Los detalles del caso, a los que tuvo acceso Fast Check CL, revelan una supuesta utilización de fondos institucionales para fines personales, conducta que se habría extendido por varios años.
Este conflicto judicial se enmarca en el proceso de cierre voluntario que atraviesa el I.G.S., una decisión comunicada formalmente a la Subsecretaría de Educación Superior en octubre de 2021.
La auditoría que comenzó todo
En diciembre de 2023, el directorio del I.G.S encargó una auditoría interna a la empresa Grant Thornton, «motivada por una necesidad de evaluar la gestión y administración» del rector Patricio Gaete. Según el libelo, el informe preliminar describió cómo Gaete habría aprovechado la estructura de poderes de la institución al utilizar sus recursos para fines personales. Por lo tanto, recomendó contratar a un controller financiero para fortalecer el control patrimonial.
Andrés Pica asumió como controller en enero de 2024. Al poco tiempo, detectó que Gaete había cerrado unilateralmente la tarjeta de crédito corporativa —proporcionada por el Banco Santander— que utilizaba. De esta manera, el sistema no guardó registro del historial de cobros. Al hacer una revisión interna, Pica habría encontrado que Gaete ocupó cerca de $117 millones en gastos personales, equivalente al 75% del total de movimientos.
Como detallaremos más adelante, este monto se desagregaba en compras de artículos electrónicos, pagos en bares, casinos, ropa exclusiva, entre otros.
No obstante, el documento señala que a esa cifra deben sumarse dos hallazgos recientes, que representan un monto adicional de $71.729.979. Con ello, el total en gastos personales asciende a —por el momento— $188.587.920, equivalente al 82,9% de todos los movimientos de la tarjeta.
Según la acción judicial, muchos de estos desembolsos fueron registrados como «gastos de representación», categoría reservada para actividades oficiales del cargo. Además, estos montos habrían sido distribuidos en distintas cuentas contables del instituto, dificultando su detección.
Una carrera construida en la educación superior
Antes de llegar al Instituto de Estudios Bancarios, Gaete construyó su carrera principalmente en el ámbito educativo y cultural. De acuerdo a lo que expone en LinkedIn, entre 2001 y 2007 trabajó en Inacap como director de Administración y Finanzas. Luego, entre 2008 y 2014, se desempeñó en la Universidad San Sebastián (USS), donde llegó a ser Vicerrector de la sede de Santiago. Durante su paso por esa institución trabajó con María Díaz Guíñez, quien es señalada en la querella como persona de interés para la investigación.
Posteriormente ocupó cargos en la Teletón como director Regional de Calama (2014−2016) y en la Corporación Cultural de Santiago (2016−2018). Finalmente, en 2018 se incorporó como Vicerrector de Asuntos Económico y Administrativos en el I.G.S. En ese puesto, reclutó a Díaz Guíñez como Jefa de Control de Gestión, cargo dependiente solo de Gaete. Cuatro años después, en junio de 2022, fue nombrado Rector, cargo que —según el libelo— debía durar hasta 2026.
Un instituto en vías de cierre
El conflicto judicial contra su exrector ocurre en un momento clave para el Instituto Guillermo Subercaseaux. En octubre de 2021, la institución informó a la Subsecretaría de Educación Superior su decisión de iniciar un proceso de cierre voluntario. Esta medida fue formalizada en abril de 2022, cuando el Consejo Nacional de Educación aprobó la solicitud. El plazo para completar el cierre definitivo se fijó para no antes del 31 de diciembre de 2025.
En estos casos los plazos que se establecen son referenciales. Así, el cierre definitivo se produciría en el momento en que se titule el último alumno matriculado. El proceso de cierre está en manos de la Subsecretaría de Educación Superior.
Según se detalla en la querella, la decisión busca resguardar los estándares de calidad académica del instituto y «potenciarse bajo un proyecto educacional que otorgue mayores beneficios a sus alumnos». Como parte de este proceso, el I.G.S. firmó un convenio con Inacap para dar continuidad a la formación de estudiantes de primer año en el área financiera.
En este escenario, Patricio Gaete Maureira fue nombrado rector en junio de 2022. Su rol debía enfocarse en garantizar una gestión administrativa y financiera responsable. Sin embargo, y como asevera la acción judicial, sus actuaciones habrían derivado en el delito de administración desleal.
Atribuciones del rector y control financiero
Según el escrito, cuando Gaete fue nombrado rector se le confirió el denominado «Poder Rector». La figura le otorgaba amplias facultades para representar al instituto de manera legal, administrativa y financiera. Entre sus atribuciones se incluía la firma de contratos, la administración de fondos, la contratación de personal y la ejecución de actos financieros en nombre de la institución.
Las facultades mencionadas estaban respaldadas por una estructura de poderes vigente desde 2011, que distingue entre el «Poder Clase A», el «Poder Clase B» y el «Poder Rector». Según la auditoría interna, esta estructura habría facilitado las maniobras que provocaron el perjuicio económico al instituto.
A poco tiempo de asumir el cargo, Gaete promovió a su colaboradora cercana en la Universidad San Sebastián, María Díaz Guíñez, al puesto de Vicerrectora Económica y Administrativa. Con ese nombramiento, Díaz recibió el «Poder Clase B», que le otorgaba amplias atribuciones bancarias. De esta manera —como consta en la querella— Gaete concentraría completamente el control de los recursos institucionales:
«El control sobre los fondos del Instituto, por parte de Gaete Maureira, en los hechos, era total y absoluto. De hecho, todos los egresos de fondos del Instituto están autorizados por Gaete y Díaz», afirma el escrito.
Esta afirmación se respalda, según el libelo, con la «consulta de poderes» emitida por el Banco Santander. En ese documento, ambos —Gaete y Díaz— figurarían como apoderados con poderes bancarios.
Los millones en gastos personales
A comienzos de 2025, el directorio del instituto encargó al controller financiero, Andrés Pica, revisar los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa utilizada por el exrector entre junio de 2022 y diciembre de 2023. Como resultado de ese análisis, se detectaron inicialmente gastos personales por un total de $116.857.941.
Conforme a la querella, parte de estos movimientos correspondían al pago de apuestas en casinos, combustible, consumo en bares, ropa exclusiva e, incluso, para el pago de la patente de su auto en la Municipalidad de Marchigüe, por un monto de $2.237.761.
Además, en la acción judicial se ejemplifican casos específicos como:
- El 6 de enero de 2023, la compra de un iPad, audífonos AirPods Pro y carcasas en Falabella por $2.159.900, sin que esos artículos ingresaran al inventario institucional.
- El 14 de enero de 2023, la adquisición en MacOnline de un iPad Pro 11, un Magic Keyboard y un Apple Pencil por $1.679.970, que tampoco tienen respaldo de uso académico ni administrativo.
- El 5 de julio de 2023, la agencia Turismo J Zahr Ltda. emitió una factura por $8.268.445 para cubrir un pasaje en primera clase a Melbourne, Australia, a nombre de María Rebeca Díaz Guíñez, Vicerrectora Económica y colaboradora directa de Gaete. Para lo querellantes, el gasto nunca fue autorizado por el directorio.
Los hallazgos recientes
Como se mencionó previamente, la querella suma dos hallazgos recientes que elevan el monto del perjuicio. Estos nuevos gastos personales totalizan $71.729.979, por lo que el daño patrimonial atribuido a Gaete ascendería a $188.587.920.
Los descubrimientos que el documento expone son:
- En octubre de 2022, la agencia Turismo J Zahr Ltda. emitió una factura por $3.977.758 por un pasaje desde Santiago a Singapur a nombre de Jackeline Gaete Maureira, hermana del exrector. A esto se suma una factura de MCO Tours Spa, de septiembre de 2022, por $5.633.100 por su estadía en ese país. Según la querella, el viaje fue autorizado por María Díaz Guíñez. Además, ambos montos habrían sido contabilizados como gastos de personal, a pesar de que la beneficiaria nunca trabajó en el instituto.
- En agosto de 2022, Turismo J Zahr Ltda. emitió otra factura por $53.777.121 para cubrir pasajes en primera clase a Singapur para Patricio Gaete, María Díaz y otras autoridades del instituto. A ese monto se añade una factura de MCO Tours Spa por $8.342.000 correspondientes a los gastos de hospedaje de la misma comitiva.
La acción judicial sostiene que la persistencia de esta conducta llevó finalmente al directorio del instituto a exigir la renuncia de Gaete. Esta se concretó en noviembre de 2024, por lo que el exrector recibió un finiquito de $119.810.451, relata el escrito.
Para este artículo, Fast Check CL intentó reiteradamente y por diversos canales de comunicación, la versión del instituto y del propio Patricio Gaete. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, ninguno de ellos respondió a las solicitudes de información.
