Este 22 de abril de 2025, la Municipalidad de Concepción presentó una querella por una serie de hechos que, a juicio del municipio, constituyen los delitos de acceso ilícito a plataformas estatales, abuso de dispositivos electrónicos, falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de dicho instrumento.
Todo comenzó con la alerta de funcionarios municipales sobre el uso indebido de sus claves únicas para acceder a plataformas institucionales, lo que luego derivó en la detección de una factura por más de $39 millones, supuestamente validada por el municipio, pero relacionada con un servicio que no había sido contrado.
Conforme a lo que acusa la Municipalidad de Concepción, la acción judicial va dirigida contra todos quienes resulten responsables de los hechos.
Claves modificadas
Según el escrito al que tuvo acceso Fast Check CL, el primer indicio ocurrió el lunes 14 de abril de 2025, cuando el director de finanzas del municipio, Sergio Marín, recibió un correo con el asunto «Recuperación de clave única» Al ingresar a la plataforma, constató que su clave había sido cambiada sin autorización. Ese mismo día, detalla el documento, acudió a la Policía de Investigaciones para denunciar el hecho.
Dos días después, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz (Partido Social Cristiano), habría experimentado una situación similar. Su asesora intentó acceder al portal del Ministerio de Salud con su clave única, pero esta había sido modificada y asociada a un correo desconocido. El jefe comunal debió concurrir al Registro Civil para restablecer el acceso, asegura la acción judicial.
Una factura por $39 millones
El 16 de abril, mientras se investigaban los cambios de clave, la funcionaria Roxana Díaz habría detectado un documento tributario que llamó su atención: una factura por $39.013.436, emitida por la empresa E Y E SpA, relacionada al «cambio de techumbre de establecimiento educacional rural Palomares», explica la querella.
Según describe la Municipalidad de Concepción en el documento, dicha obra no fue encargada por el municipio, ya que desde 2020 la administración de los establecimientos educacionales pasó al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur.
El líbelo asegura que el municipio no solicitó cotización, no dictó resolución alcaldicia ni emitió orden de compra que respaldara ese pago por más de $39 millones. A pesar de eso, la factura fue emitida y aceptada el mismo día en el sistema del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Tras revisar el portal tributario, el Departamento de Finanzas detectaría a cinco usuarios con permisos para aceptar o rechazar facturas, de los cuales al menos dos no son ni han sido funcionarios municipales.
El correo falso
Ese mismo 16 de abril, horas después de detectar la factura sospechosa, la municipalidad recibió un correo por parte de la empresa FINFAST Capital SPA —dedicada al factoring— consultando si la Municipalidad de Concepción confirmaba la validez del documento tributario emitido por E Y E SpA.
En ese intercambio, FINFAST adjuntó una supuesta orden de compra que había recibido desde un correo que simulaba ser institucional: cvega@concepción.cl. Sin embargo, el municipio advirtió que ese correo no correspondía a ningún funcionario activo y que el dominio contenía una alteración gráfica —una tilde sobre la letra “o” en «concepción»—, lo que generó un engaño visual respecto del dominio oficial (@concepcion.cl sin tilde).
La Municipalidad de Concepción solicita que se oficie al Ministerio Público para que se cursen las respectivas diligencias.
