El senador Matías Walker es autor de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Fast Check detectó que el parlamentario no declaró, entre 2017 y 2026, su participación en dos sociedades. Una de ellas es Wav Fútbol S.A., que según su constitución tiene por objeto prestar asesorías a clubes profesionales y sociedades anónimas deportivas. Walker señaló que la sociedad no registra actividad desde antes de asumir como diputado en 2010. Sin embargo, el director de Chile Transparente, Michel Figueroa, indicó que la norma no distingue si la sociedad ha tenido o no actividad comercial y que «acá se produce una situación de potencial conflicto de intereses».
El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra una exfuncionaria del SERVIU de Osorno, quien habría accedido a sistemas institucionales para elaborar e ingresar un contrato de arriendo asociado a un adulto mayor de 83 años, sin su conocimiento, lo que permitió la generación de seis pagos por $2.784.362 entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, correspondientes al Subsidio de Arriendo para el Adulto Mayor, fondos que habrían sido depositados en su cuenta bancaria.
La revisión de cinco Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) de ministros del gabinete da cuenta de inversiones financieras, propiedades, participación en sociedades y vínculos sociales registrados por las autoridades, incluyendo membresías en organizaciones como el Club de la República y deudas vigentes. Al cierre de esta edición, aún hay tres declaraciones pendientes de publicación.
Jean Paul Zimmermann, actual seremi de Seguridad Pública de la Región de Aysén, aparece mencionado en una indagatoria originada tras una resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique que ordenó remitir antecedentes al Ministerio Público por la eventual obtención de documentos de carácter reservado, en el contexto de una audiencia realizada en 2025 en la que intervino como abogado. Consultada por Fast Check, la Fiscalía indicó que no se referirá a la materia en virtud del carácter secreto de las actuaciones de investigación.
La Subsecretaría de Educación Superior desvinculó a la abogada Catalina Frings semanas después de la llegada de Francisco Zambrano a la jefatura de la División Jurídica; ambos se habían cruzado previamente en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), donde en 2023 Frings presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales que terminó en un acuerdo con indemnización y sin atribución de responsabilidades. En 2026, la abogada asegura haber informado este antecedente a autoridades de la administración anterior y actual, solicitando su reubicación, sin que se adoptaran medidas. En tanto, la institución sostiene que la salida de Frings respondió a criterios técnicos y a un ajuste presupuestario.
La Defensoría de la Niñez presentó la Nota Técnica N°6 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes, que registra 560 casos entre agosto de 2018 y septiembre de 2025, de los cuales el 86% corresponde a la causal de violación, y en la que se identifican 20 desafíos en la implementación de la ley, incluyendo objeción de conciencia en la red de salud, uso de técnicas clínicas en desuso, demoras en procesos judiciales y diferencias en el acceso según territorio.
En el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto, fuentes consultadas por Fast Check afirmaron que la Corte de Apelaciones de Coyhaique modificó la medida cautelar que lo mantenía con prohibición de enajenar bienes, limitando la restricción a un departamento y su bodega en Providencia. La resolución habría dejado sin efecto la prohibición sobre el resto de las propiedades incluidas en primera instancia, entre ellas las parcelas en Coyhaique vinculadas a la indagatoria.
Un análisis de TECHO-Chile basado en los resultados de la encuesta Casen 2024 estimó la situación de pobreza en campamentos a partir de datos nacionales y regionales. Según el informe, la pobreza en hogares con tenencia irregular alcanza 57,8%, más de tres veces el 17,4% registrado a nivel nacional. El documento también señala que la pobreza extrema en estos asentamientos aumentó entre las mediciones de 2022 y 2024.
La Tesorería General de la República inició el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado. El plan contempla convenios de pago para quienes registren rentas brutas mensuales entre $1,5 millones y $5 millones, mientras que se iniciaron demandas de cobro judicial contra quienes superan ese nivel de ingresos. Fast Check accedió a una notificación enviada por correo electrónico que incluye una nómina con los antecedentes del deudor o deudora y un mandamiento de ejecución y embargo.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por el delito de estafa contra Daniel Soto, representante legal de la empresa Integral Security System SpA, por un eventual perjuicio superior a $56 millones relacionado con la explotación de estacionamientos durante la FIDAE 2024. Según la acción judicial, la empresa habría pagado el uso del espacio mediante un cheque que fue posteriormente protestado por falta de fondos, mientras que la garantía presentada tampoco pudo ser cobrada.
Durante su campaña, el presidente José Antonio Kast instaló el tema de la migración irregular como uno de los ejes del debate y comenzó a difundir una cuenta regresiva para que quienes se encontraban en esa situación abandonaran el país antes de la llegada de su gobierno. Sin embargo, hasta ahora no se han concretado expulsiones de migrantes en situación irregular. En paralelo, el Servicio Nacional de Migraciones informó a Fast Check que en las primeras semanas de la nueva administración se han registrado 26 desvinculaciones de funcionarios en la institución.
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una demanda por vulneración de la integridad psíquica presentada por una funcionaria TENS contra el Hospital de Carabineros (HOSCAR), condenando al hospital al pago de $5 millones por daño moral y $800.000 por costas. La sentencia, derivada de una denuncia que indicaba maltrato verbal, aislamiento laboral y represalias tras informar conductas impropias de otros funcionarios, actualmente se encuentra en fase de cobranza judicial.
Fast Check revisó las rendiciones de gastos de campaña presentadas ante el Servicio Electoral e identificó que Scylla Inc SpA —empresa vinculada al propietario de la productora que realiza el programa Sin Filtros— prestó servicios en las elecciones parlamentarias de 2025 a las candidaturas de Francisco Orrego (RN), Giovanni Calderón (IND-EVO) y Ricardo Neumann (UDI), quienes han participado como panelistas del programa. Según las facturas registradas, la empresa emitió documentos por servicios asociados a publicidad, producción audiovisual, gestión de redes sociales y comunicación estratégica por un total de $79.298.826.
A menos de un mes del cambio de mando, un video que llegó a Fast Check muestra a miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Educación (ANDIME) conversando con funcionarios sobre cómo abordar la situación de las desvinculaciones en la cartera. Fuentes de este medio señalan que los despidos se habrían concentrado, por ahora, en la Subsecretaría de Educación Superior —donde se estiman entre 14 y 16 casos— y en la de Educación Parvularia, con al menos cinco. Entre los afectados habría funcionarios que ingresaron mediante concursos públicos.
La Ley de Convivencia Escolar —que permite a los establecimientos implementar detectores de metales u otros dispositivos para identificar armas— se encuentra en su etapa final, esperando su publicación en el Diario Oficial. La Contraloría General de la República tomó razón del decreto promulgatorio el 27 de marzo, por lo que, según el procedimiento informado por el Ministerio de Educación, su publicación debería concretarse dentro del plazo legal de cinco días. La normativa establece que entrará en vigencia tres meses después de su publicación.
Cuentas de X identificadas como partidarias del gobierno de José Antonio Kast anunciaron el 27 de marzo que se declaraban «en huelga» y que dejarían de realizar minutas y publicaciones de apoyo al Ejecutivo hasta que se produzcan cambios en la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) de La Moneda. Las publicaciones fueron acompañadas por la difusión de una «carta abierta» dirigida a la Secom, en la que plantean cuatro puntos débiles sobre la gestión comunicacional que el gobierno «debe corregir».
La Delegación Presidencial Regional de Aysén informó el 25 de marzo el nombramiento de Eugenio Canales como seremi de Medio Ambiente. Canales había sido candidato a senador en 2025 como independiente en un cupo del Frente Regionalista Verde Social (FREVS), candidatura que fue retirada luego de que manifestara su apoyo al entonces candidato presidencial José Antonio Kast, pese a que el partido había declarado su respaldo a Jeannette Jara.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ingresó en Mercado Público una solicitud de compra ágil para adquirir dos teléfonos iPhone 17 Pro destinados al director nacional, Ignacio Malig, y al jefe de gabinete, con un presupuesto estimado de $3.200.000. El proceso fue publicado el 26 de marzo y cancelado menos de 24 horas después por especificar un modelo asociado a marca. Fuentes del entorno de la institución señalaron que la solicitud se originó por la falta de teléfonos disponibles para ambas autoridades.
Una publicación en X de Antonieta Muñoz, esposa del gobernador de La Araucanía René Saffirio, cuestionó la coordinación de la visita de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert a la región, señalando que a las 22:05 horas se solicitó un saludo protocolar para la mañana siguiente. Desde el entorno del Gobierno Regional indicaron a Fast Check que los hechos ocurrieron en esos términos, mientras que desde la Delegación Presidencial fuentes señalaron que se trató de una consulta de disponibilidad y no de una imposición.
Durante la madrugada de este jueves se publicó en las cuentas de X e Instagram del presidente José Antonio Kast una imagen de politician acompañada de un texto que lo comparaba con Adolf Hitler. El contenido fue eliminado minutos después y desde Presidencia señalaron que las cuentas personales del mandatario fueron comprometidas por terceros. A partir de los antecedentes disponibles, Fast Check identificó dos posibles escenarios para explicar lo ocurrido: un acceso ilícito a las cuentas o el uso de estas por parte de alguien que tuvo acceso previo a sus credenciales.
El proyecto para restringir beneficios estatales a migrantes en situación irregular avanzó en la Cámara y continuará su tramitación en el Senado. Sin embargo, Fast Check identificó que durante su tramitación, ministerios y organismos estatales presentaron cifras que muestran que esta población representa una proporción acotada en áreas como salud, educación escolar y jardines infantiles.
Presidencia confirmó que las cuentas personales del presidente José Antonio Kast en X e Instagram fueron comprometidas por terceros durante la madrugada. El hecho quedó en evidencia luego de que en su perfil se publicara un mensaje dirigido contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual posteriormente fue eliminado. Desde el Ejecutivo precisaron que el contenido difundido en ese período no corresponde a la autoría del mandatario, mientras continúan las gestiones para recuperar el control de las cuentas.
La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina presentó una querella por administración desleal contra el exadministrador del Parque Padre Hurtado, Pedro Páez Ceroni, a quien acusa de modificar contratos sin informar al directorio, elevar compromisos financieros e incurrir en inconsistencias contables. La acción solicita remitir los antecedentes al Ministerio Público e incluye diligencias como toma de declaraciones, entrega de actas y comparecencia del imputado.
Una minuta difundida al interior del gobierno entrega lineamientos para abordar comunicacionalmente el alza en los precios de los combustibles anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El documento explica el contexto internacional del incremento, detalla el funcionamiento del MEPCO y del FEPP, e instruye a los voceros sobre cómo responder preguntas de la prensa, enfrentar críticas de la oposición y evitar declaraciones que puedan afectar el manejo del tema.
El Gobierno anunció cambios en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en medio del alza del petróleo. Un decreto del Ministerio de Hacienda amplió de dos a cuatro semanas la ventana utilizada para calcular el precio de paridad de importación. En este artículo, Fast Check explica qué es el Mepco y cómo se utiliza para subsidiar la bencina.
Fast Check revisó registros tributarios solicitados por la Fiscalía en el marco de la investigación del caso Muñeca Bielorrusa. Entre estos se incluye una boleta de honorarios emitida por Gonzalo Migueles —pareja de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco— al Servicio Electoral (Servel) el 21 de junio de 2024, posterior a las elecciones primarias de gobernadores realizadas ese año. Según informó el organismo a Fast Check, el documento corresponde a labores de apoyo a Juntas Electorales vinculadas a ese proceso electoral. Además, se constató que el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto -encabezado por Sergio Yáber en estos últimos años- integra la Junta Electoral Cordillera, que abarca las comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.
El presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de “Reconstrucción Nacional” tras los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío en enero de 2026. La iniciativa incluye medidas económicas como la eliminación temporal del IVA a la vivienda, la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la firma de un oficio para reducir en 3% el gasto de los ministerios, medida que busca generar un ajuste fiscal cercano a los US$4.000 millones.
Fast Check accedió a mensajes de WhatsApp que evidencian coordinaciones para responder críticas a la gestión del alcalde de Coyhaique en redes sociales, mediante el uso de cuentas personales y perfiles falsos. La revelación, además, fue ratificada por cuatro fuentes. En los chats, la exprofesional de apoyo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Carolina Jofré, comparte un listado de perfiles de Facebook que identifica como «cuentas falsas». En esas conversaciones también aparece el alcalde Carlos Gatica, quien integraba los grupos donde se realizaban estas coordinaciones. En los registros figura además Karla Muñoz, pareja del jefe comunal, quien participaba en la organización de respuestas en redes sociales.
La Municipalidad de Recoleta otorgó la administración de calzos de estacionamiento a la Corporación Innova Recoleta mediante permisos precarios, en lugar de aplicar el procedimiento de concesión y licitación pública exigido por la ley para servicios que superan las 100 UTM mensuales, según un Informe Final de la Contraloría. Fast Check tuvo acceso a la fiscalización, que estableció que 1.099 de estos cupos operaron sin actos administrativos de renovación entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025. En ese mismo periodo también se detectaron 112 estacionamientos explotados sin autorización, además de pagos realizados fuera de los plazos establecidos y diferencias financieras derivadas de errores en el cálculo de derechos municipales.
El Senado aprobó en general un proyecto de ley presentado por el exsenador Francisco Chahuán (RN) que propone permitir la conmutación de penas de cárcel por arresto domiciliario para reos adultos mayores. La iniciativa generó controversia luego de que se identificaran coincidencias entre su contenido y un documento elaborado por la abogada Carla Fernández Montero, quien ha representado judicialmente a internos de Punta Peuco. En ese contexto, reapareció un antecedente de 2011: el «Memorándum N°001», una minuta incautada en la celda del exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, en la que se mencionaba al entonces diputado Chahuán como canal para expresar apoyo al gobierno de la época.
José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile para el período 2026-2030 en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde Gabriel Boric concretó el traspaso de mando. El presidente Kast se convierte así en el segundo mandatario de derecha desde el retorno a la democracia, tras Sebastián Piñera.
Los tribunales de segunda instancia de Argentina dejaron sin efecto la condición de refugiado político de Galvarino Apablaza Guerra, exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), decisión que lo deja en condiciones de ser extraditado a Chile. La justicia chilena lo vincula como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro del empresario Cristián Edwards, ocurrido ese mismo año. La medida judicial reactiva el proceso iniciado por Chile en 2010 para que Apablaza enfrente estos cargos ante los tribunales del país.
La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de San Joaquín no se ajustó a derecho al constituir la corporación municipal Innova, presidida por el alcalde Cristóbal Labra. La resolución también instruye una fiscalización sobre el uso de recursos públicos transferidos a esa entidad de derecho privado, que según el Registro de Colaboradores del Estado, suman más de $1,3 mil millones entre 2022 y 2026. Desde el municipio aseguraron que el dictamen fue impugnado mediante un recurso de reposición y que el proceso aún no cuenta con una resolución definitiva.
A cuatro años de su llegada a La Moneda, el gobierno de Gabriel Boric concluye con un balance marcado por variaciones en crecimiento e inflación, reformas en los ámbitos laboral, previsional y social, medidas en seguridad y migración, junto con un escenario político atravesado por dos procesos constitucionales rechazados. El 11 de marzo de 2026 traspasará el mando a José Antonio Kast, cerrando el período iniciado en 2022.
La exadministradora municipal de Coyhaique, Gabriela Retamal, denunció ante la justicia laboral que su despido estuvo marcado por diversas irregularidades al interior del municipio, entre ellas un supuesto sistema de “aportes monetarios” exigidos desde la alcaldía. El alcalde Carlos Gatica rechazó públicamente la acusación y aseguró que los hechos “no se condicen en absoluto con la realidad”. Sin embargo, Fast Check accedió a capturas de WhatsApp en las que se observan solicitudes de dinero realizadas por el propio jefe comunal y por su secretaria a funcionarios municipales.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra Luis Moreno Cáceres, representante legal de Asedo Limitada -compañía de aseo-, por presuntos delitos tributarios vinculados a la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según el libelo, la empresa habría incrementado el crédito fiscal y subdeclarado el débito fiscal en sus formularios mensuales, lo que habría generado un perjuicio fiscal estimado en $349.431.800, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público para la investigación de eventuales delitos reiterados.
La Contraloría General de la República solicitó antecedentes a Gendarmería de Chile tras una denuncia anónima por presunto uso irregular de licencias médicas por parte de Verónica Oporto González, madre de la diputada Camila Flores. Fast Check tuvo a la vista la denuncia y el requerimiento enviado por el organismo fiscalizador a la institución penitenciaria, cuyo objetivo será evaluar los antecedentes y, en consecuencia, resolver los pasos a seguir.
Un error en la aplicación de las leyes 21.306 y 21.233 generó pagos en exceso a 16 secretarios regionales ministeriales del Ministerio de Minería entre diciembre de 2020 y enero de 2022, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El caso fue confirmado por Fast Check y, tras consultar a la cartera, se informó que el monto total involucrado asciende a $12.215.664, que se solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado para gestionar el cobro y que se instruyó una investigación sumaria, posteriormente elevada a sumario administrativo, con sanciones de censura a dos funcionarios.
El vínculo entre Andrés Jouannet —futuro subsecretario de Seguridad— y Sebastián Salazar, propietario de EstelarBet, no se limita al ámbito societario; también es de amistad. Así lo ha reconocido el propio Jouannet al ser consultado por la prensa. La relación adquiere relevancia en el contexto de la discusión del proyecto que regula las plataformas de apuestas online. Salazar ha participado activamente en ese debate parlamentario, cuyo primer trámite coincidió con el periodo en que el exDC ejercía como diputado. En esa instancia, el todavía parlamentario votó en contra de la iniciativa antes de su despacho al Senado, sin transparentar su amistad ni su antiguo vínculo comercial con Salazar en Impresiones Quizapú Limitada.
Andrés Jouannet.
Fast Check revisó las Declaraciones de Intereses y Patrimonio del próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y constató que desde 2021 no ha transparentado sus sociedades comerciales. Entre ellas figuran empresas compartidas con el empresario Bo Yang —vinculado al presunto tráfico de influencias— y con socios ligados al rubro de tragamonedas y apuestas online. El presidente electo, José Antonio Kast, respaldó su nombramiento pese a estos nexos.
Aparcadero
Una querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) expone un presunto esquema de coimas en la Tenencia de Carreteras de Melipilla, que involucra a seis funcionarios de Carabineros y a dos civiles vinculados al Aparcadero Custodias Nacionales (ACN). Según el escrito, los uniformados habrían retirado vehículos sin justificación legal y omitido su registro en los sistemas oficiales, a cambio de pagos en efectivo previamente pactados, en un mecanismo que guarda relación con antecedentes del denominado «Caso Grúas», investigado por el Ministerio Público.
Una nueva investigación penal apunta a la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos por la Fundación Proyecto Futuro, ligada a excolaboradores del diputado Miguel Ángel Calisto. La Fiscalía indaga un presunto fraude al fisco por la rendición de un proyecto FNDR que —según el Ministerio Público— no habría sido ejecutado, pese a recibir $7 millones del Gore de Aysén.
Un informe de Contraloría advirtió contrataciones municipales a la empresa del hermano de la directora de Tránsito de Hualqui y a una sociedad ligada a un amigo cercano de su pareja, quien también es funcionario del municipio. El organismo instruyó sumarios administrativos y remitió los antecedentes a la Fiscalía Local de Concepción.
Orlando Durán Ponce, exjefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue condenado por negociación incompatible y fraude al fisco por irregularidades en un contrato de $205 millones con Hotel Clínico SpA, destinado a residencias sanitarias durante la pandemia. La empresa estaba vinculada a Durán y su única socia era su pareja. La sentencia definitiva se conocerá el 16 de febrero de 2026.
Más de 200 días de licencias médicas llevaron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) a iniciar un procedimiento para evaluar si la salud del notario de Coquimbo Reinaldo Villalobos era incompatible con su cargo. Villalobos impugnó la medida ante la Corte de Apelaciones de La Serena, alegando que los notarios no son funcionarios públicos y se rigen por el Código Orgánico de Tribunales, lo que generó un conflicto judicial sobre si la CAPJ podía aplicar normas administrativas a su caso. En ese contexto, Fast Check accedió a información oficial vía transparencia que muestra que entre 2023 y 2025 el notario acumuló 452 días de ausencias, de los cuales más de 280 corresponden a licencias médicas.
En la denominada trama bielorrusa, la Fiscalía investiga un presunto circuito de pagos que habría permitido el traspaso de dinero desde abogados vinculados al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) hasta Gonzalo Migueles Oteiza, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Los antecedentes a los que accedió Fast Check —contenidos en declaraciones de Harold y Cristián Pizarro, dueño y trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada, y en un informe del OS7 de Carabineros— dan cuenta de operaciones que se habrían concretado con posterioridad a resoluciones dictadas por la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por Vivanco, que favorecieron a CBM.
Tras revelar chats de 2021 en los que el diputado y electo senador Miguel Ángel Calisto instruía a su equipo a crear perfiles falsos en Facebook para responder a críticas, Fast Check analizó ocho cuentas activas en su defensa en redes sociales y detectó que al menos tres de ellas utilizaron imágenes de otras personas. En uno de los casos, se usó la imagen de un periodista guatemalteco que actualmente trabaja en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de Guatemala, mientras que otros perfiles correspondían a una funcionaria vinculada al gobierno de México y a una cuenta asociada a dos posibles identidades.
La Fiscalía afirmó que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, adoptó conductas que podrían haber entorpecido la investigación en su contra, entre ellas solicitar a su secretario personal la eliminación de conversaciones de WhatsApp y borrar información de distintos teléfonos celulares. Fast Check accedió a la declaración del exsecretario de Vivanco y a un informe del OS7 de Carabineros que consigna un intercambio previo a la entrega de su celular, en el que un tercero le advirtió que el dispositivo podía ser requisado y le ofreció un consejo “vital”.
En la declaración del abogado Eduardo Lagos, imputado en el caso de la Muñeca Bielorrusa, se describen una serie de gestiones de lobby para destrabar el conflicto entre Belaz Movitec y Codelco antes del litigio. En su testimonio, Lagos afirma la existencia de intentos de lobby en el Congreso de la mano del exdiputado Aldo Cornejo y un fallido intento de influencia en Máximo Pacheco, a través de la contratación de su yerno, Jorge Pizarro Cristi, en ese entonces casado con su hija.
Fast Check analizó la actividad de un conjunto de cuentas de Facebook que intervinieron de forma reiterada en publicaciones vinculadas al entonces diputado Miguel Ángel Calisto, en contextos donde previamente se registraron instrucciones para su defensa en redes sociales a través de chats de WhatsApp con uno de sus asesores, previamente revelado por este medio. El análisis identificó patrones comunes en los tiempos de publicación de comentarios, en las redes de páginas seguidas, en la coincidencia de fechas de creación de los perfiles y en su activación tras el envío de enlaces a notas críticas, incluyendo intervenciones realizadas durante horarios hábiles de parte del equipo del parlamentario.
Mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp —a los que Fast Check tuvo acceso— revelan que el diputado Miguel Ángel Calisto, hoy senador electo por la región de Aysén, solicitó a su equipo apoyo coordinado en redes sociales para responder críticas en publicaciones de Facebook. Entre las prácticas descritas figura el uso de cuentas falsas, articuladas a través de una red de perfiles destinada a contrarrestar opiniones de sus detractores y a generar interacciones de manera artificial en torno a la figura del parlamentario. Los chats, fechados entre 2021 y 2023, incluyen la participación de Nicolás Gutiérrez Monroe, periodista y asesor comunicacional, integrante del equipo de apoyo de Calisto en la Cámara de Diputados. En uno de los diálogos, el legislador desliza la idea de pagar dinero para controlar las redes sociales con, aparentemente, perfiles falsos.
La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó este viernes 23 de enero la admisibilidad de la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco Martínez, decisión que habilita al Ministerio Público para avanzar en su formalización penal y solicitar medidas cautelares. El fallo ratifica lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y no se pronuncia sobre hechos ni responsabilidades, las que deberán ser determinadas en la etapa procesal correspondiente.
José Antonio Kast
Durante la jornada de este martes, el Presidente electo José Antonio Kast confirmó a los integrantes del gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo. El equipo combina figuras del Partido Republicano, independientes y técnicos con trayectoria en el sector público y privado, varios de ellos cercanos a su círculo de confianza. Fast Check CL te entrega micro perfiles de los 24 ministros que asumirán en el próximo gobierno.
Un informe del Observatorio de ChileCompra detectó eventuales irregularidades en dos tratos directos adjudicados por el SLEP de Atacama a Transportes Global Pro SpA. Bajo este contexto, el informe cuestionó la reiteración de justificaciones por urgencia y la falta de fundamentos normativos, antecedentes que ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República.
El Servel rechazó la modificación de estatutos aprobada por el Partido Radical en un plebiscito interno, al considerar que el nuevo mecanismo propuesto para administrar sus bienes en caso de disolución contraviene la Ley N.º 18.603. Con ello, se mantiene vigente el artículo que establece que el patrimonio de la colectividad debe ser transferido al Club de la República, reabriendo el episodio de que estos activos terminen bajo la Gran Logia de Chile. El PR ya ingresó un reclamo ante el Tricel.
Una serie de formalizaciones, investigaciones administrativas y fallos judiciales han dado forma al denominado caso «Muñeca Bielorrusa», una causa penal que indaga un presunto esquema de tráfico de influencias y lavado de activos asociado al litigio entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec y Codelco. Pero, ¿qué es exactamente el caso «Muñeca Bielorrusa» y cómo se originó esta investigación?
SLEP Atacama
Tras la celebración del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, difundida a través de un video que generó controversia, se reactivaron los cuestionamientos sobre los vínculos contractuales del servicio con empresas asociadas a Edward Sierra Veragua, fundador de la sociedad que organizó el evento. En este contexto, Fast Check CL revisó los registros de Mercado Público y constató que otras tres empresas relacionadas con Sierra —una de ellas constituida junto a su hermana— han concentrado montos millonarios adjudicados por organismos del Estado, principalmente mediante contratos con el SLEP de Atacama.
La Contraloría Regional del Maule detectó incumplimientos de reposo por licencias médicas cometidos por el actual alcalde de Pelarco, Cristian Cabrera Lazo, cuando se desempeñaba como funcionario del DAEM de la comuna, así como situaciones similares que involucraron a un concejal en ejercicio y a una funcionaria municipal. En un ámbito distinto, el organismo fiscalizador objetó viajes realizados durante 2025 por autoridades y funcionarios municipales, ordenando el reintegro de casi $7 millones en viáticos debido a la falta de acreditación de actividades institucionales asociadas a dichos desplazamientos.
La Contraloría Regional de Ñuble confirmó irregularidades en el Departamento de Salud Municipal de Pemuco tras la ausencia simultánea de médicos que dejó sin atención al único Cesfam de la comuna en mayo de 2025, estableciendo la emisión recíproca de licencias médicas, incumplimientos al reposo, contrataciones que no cumplían requisitos legales y un perjuicio patrimonial. En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella penal contra diez médicos —siete del Cesfam y tres externos— por emisión y obtención de licencias médicas falsas, fraude en la obtención de prestaciones estatales y, en algunos casos, ejercicio ilegal de la profesión. La causa se encuentra en tramitación y uno de los imputados figura en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó para el 11 de febrero de 2026 la audiencia de formalización en la causa que investiga la presunta obtención fraudulenta de casi $26 millones en recursos del FNDR, vinculados a proyectos adjudicados a la Fenats de Aysén. En el proceso serán formalizadas seis personas, entre ellas Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo —quienes también están siendo investigados en la causa que tiene al diputado Miguel Ángel Calisto desaforado— incluyendo además al padre y a la hermana de Cárcamo Catalán. Asimismo, el tribunal también autorizó el levantamiento del secreto bancario de parte de los imputados para reconstruir el flujo de los recursos públicos investigados.
Catalogada como una figura clave dentro de la estructura gubernamental de Venezuela, la primera dama Cilia Flores fue detenida —junto a su esposo, Nicolás Maduro— en la madrugada del 3 de enero para ser trasladada ante un tribunal de Nueva York, acusada de presuntas colaboraciones y negociaciones con redes de narcotráfico. Durante su primera comparecencia judicial, Flores se declaró no culpable. Sin embargo, en la acusación presentada por los fiscales estadounidenses se menciona un antecedente que ya había vinculado familiarmente a Maduro y Flores con este tipo de delitos: el caso de los denominados «narco-sobrinos».
Fast Check CL constató que el representante legal de Víctor Varela Ávila E.I.R.L. mantiene un vínculo conyugal con Thiare Chiappa Gómez, quien prestó servicios a honorarios en la Municipalidad de Copiapó. De acuerdo con los antecedentes revisados, entre diciembre de 2024 y abril de 2025 —período en que ambos mantenían relación contractual con el municipio— la empresa de Varela recibió pagos por un total de $98.784.268. Esta situación fue consignada por la Contraloría Regional de Atacama en su Informe Final de Investigación Especial N° 739, donde se indica que los antecedentes fueron derivados a su Unidad Jurídica para el análisis legal correspondiente.
Un informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en una licitación del Instituto de Salud Pública (ISP) para la contratación de servicios informáticos, adjudicada en mayo de 2024 por más de $775 millones. El organismo concluyó que el proceso se resolvió por una diferencia de 0,52 puntos, cuestionó la evaluación de la experiencia de los oferentes y advirtió que se desestimó una oferta que era más de $100 millones inferior.
El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) ingresó un oficio solicitando informes y la adopción de medidas ante presuntas irregularidades en una licitación de colchones antiescaras adjudicada por Cenabast a Simil Express S.A., proceso en el que se cuestiona la autenticidad de certificados ISO 13485:2016, sobre la calidad de dispositivos médicos. Fast Check CL accedió a un informe del Observatorio ChileCompra, en donde este consignó que los documentos no pudieron ser verificados y que —en consecuencia— los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
Municipalidad de Lautaro
La destitución de Claudio Sánchez Valenzuela reveló un esquema de favorecimiento en licitaciones en la Municipalidad de Lautaro, donde, desde Secplan, benefició a empresas de familiares sin declarar el conflicto de interés ni abstenerse. Desde Contraloría se acreditó un perjuicio fiscal superior a $10 millones por obras pagadas y no ejecutadas. Fast Check CL accedió al informe de auditoría que dió cuenta de las irregularidades realizadas por el exfuncionario, junto al documento con la emisión de medidas cautelares vigentes por negociación incompatible y lavado de activos.
Contraloría
La Contraloría Regional de Valparaíso detectó incumplimientos reiterados en la gestión de los contratos de aseo de la Municipalidad de Viña del Mar, ejecutados por la empresa Cosemar S.A. entre 2022 y 2024. Fast Check CL accedió al informe, de septiembre de 2025, que constató periodos prolongados de operación sin contrato vigente ni garantías, atrasos en los pagos y deficiencias en los mecanismos de fiscalización y control administrativo, antecedentes que derivaron en la instrucción de sumarios para determinar eventuales responsabilidades.
El Observatorio de ChileCompra remitió a la Contraloría General de la República un informe en el que advierte un eventual incumplimiento de la normativa de compras públicas en una licitación del Hospital de la Familia y Comunidad de Laja, destinada a la contratación de servicios odontológicos y psicosociales. Fast Check CL revisó los antecedentes del proceso y constató que cuatro de las seis líneas de atención dental, por un monto cercano a los $37 millones, fueron adjudicadas a una cirujana dentista que, según su propio currículum, trabajaba en una clínica cuyo propietario integró la comisión evaluadora y firmó una declaración jurada de ausencia de conflicto de interés.
Los concejales de Coyhaique Sebastián Vera (RN) y Ana María Navarrete (PS) ingresaron ante el Tribunal Electoral Regional de Aysén un requerimiento de remoción contra el alcalde Carlos Gatica (DC), acusando notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa. Fast Check CL tuvo acceso al libelo que reúne una serie de antecedentes vinculados a contrataciones sin licitación, tratos directos no formalizados, omisiones de información al Concejo Municipal y decisiones administrativas que habrían generado perjuicio patrimonial y obstaculizado la labor fiscalizadora del órgano edilicio.
El abogado Eduardo Lagos presentó una querella por violación de secreto ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra los fiscales Carmen Gloria Wittwer y Marco Antonio Muñoz, el jefe de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS7 de Carabineros, Tulio Muñoz, y los periodistas Juan Diego Monsalva y Nicolás Sepúlveda, a quienes atribuye la filtración de antecedentes de una investigación penal reservada por presuntos delitos de lavado de activos y cohecho vinculada al denominado caso «Muñeca bielorrusa», causa que se encuentra a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos.
Las Tacas es uno de los balnearios privados más frecuentados por figuras del mundo judicial, notarial y político en la Región de Coquimbo. En algunos de sus inmuebles se reunía un grupo integrado por la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, el suspendido conservador de Puente Alto Sergio Yáber y otras figuras del ámbito notarial. A partir de antecedentes del Servicio de Impuestos Internos y del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, Fast Check CL revisó la información patrimonial disponible para identificar a los propietarios y dimensionar el perfil de quienes conforman el entorno habitual del balneario.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por un presunto fraude al Fisco en la Municipalidad de San Pedro, basado en el uso irregular de tarjetas de combustible asignadas a vehículos municipales. El escrito sostiene que, durante 2023, se ejecutaron cargas que superaban la capacidad real de los estanques, operaciones en vehículos fuera de servicio y gastos sin respaldo en las bitácoras oficiales.
En el sitio web del candidato José Antonio Kast se encuentra el documento de bases programáticas, el cual señala que este se complementa con los planes que la candidatura ha ido difundiendo. Al revisar esas propuestas, se comprobó que en el plan denominado «Sácate la mochila» sí se plantea la suspensión de la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes.
El último informe de homicidios consumados registra 1.207 víctimas en 2024 y ninguna cifra previa supera ese rango, por lo que la afirmación de que 1,2 millones de personas son asesinadas cada año no tiene sustento.
Las cifras oficiales registran 4.056 homicidios durante el gobierno de Gabriel Boric, por debajo de los 4.500 mencionados por Kast, aunque superiores a los 3.878 ocurridos en la administración de Sebastián Piñera; por ello, la afirmación del candidato resulta imprecisa.
La Contraloría Regional del Biobío determinó que la Universidad de Concepción utilizó recursos humanos e infraestructura del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente para procesar exámenes encargados por terceros, mientras el recinto asumía casi la totalidad de los costos. El informe también estableció que el jefe de la Unidad de Anatomía Patológica recibió más de $89 millones en honorarios desde el Centro de Diagnóstico Anatomopatológico, cuyo socio figuraba su padre. Asimismo, otros subordinados percibieron pagos de laboratorios privados vinculados a convenios con la universidad. A raíz de estos antecedentes, el organismo ordenó centralizar las investigaciones y asumir directamente el sumario administrativo.
Tras acoger parcialmente una denuncia por acoso laboral presentada bajo la Ley Karin, la Contraloría instruyó un sumario administrativo contra el alcalde de Coyhaique. El dictamen identificó conductas atribuibles a la autoridad comunal que requieren investigación formal, aunque desestimó otros hechos planteados en la denuncia.
El Hospital San Juan de Dios de La Serena presentó una querella criminal contra Eduardo Campusano Lisera, funcionario a cargo del área de Economato, por los presuntos delitos de fraude al Fisco, administración desleal, malversación de caudales públicos y cohecho. Según el recinto asistencial, el trabajador habría direccionado compras públicas hacia dos proveedores específicos que ofrecían precios abultados. La tesis expuesta en la acción judicial sostiene que ambos proveedores actuaban de manera concertada. Fast Check CL pudo corroborar ese vínculo: se trata de un matrimonio. De acuerdo con la querella, este eventual direccionamiento hacia servicios con sobreprecio habría generado un perjuicio fiscal preliminar estimado en $500.000.000.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por estafa y falsificación de instrumento privado contra Luis Moreno, representante legal de ASEDO Limitada, a raíz de facturas falsas, duplicadas o emitidas por servicios inexistentes que la empresa intentó cobrar a la Municipalidad de San Bernardo. El organismo calcula un perjuicio superior a $240 millones, originado en documentos cedidos a empresas de factoring que luego iniciaron demandas ejecutivas contra el municipio. La acción se suma a otras querellas previas contra ASEDO por irregularidades contractuales y laborales detectadas en distintos organismos públicos.
Una auditoría interna detectó una brecha superior a $164 millones entre los ingresos registrados por los cementerios municipales de La Serena y los montos ingresados al sistema contable oficial, además de concluir que Cerberos —el software utilizado para gestionar sepultaciones y pagos— «no es confiable» por fallas de trazabilidad y seguridad. La Corporación Gabriel González Videla aseguró que las inconsistencias responden a problemas arrastrados por años y que ya se aplican medidas de corrección y actualización del sistema.
El Partido Radical avanza en su disolución mientras enfrenta más de $583 millones en deudas y un creciente malestar interno por los montos adeudados a su propio presidente, Leonardo Cubillos, y a la secretaria general, Lorenna Saldías. Documentos y reuniones a las que accedió Fast Check CL muestran que la colectividad discute cómo liquidar sus pasivos —incluida la eventual venta de bienes raíces— en un escenario donde más de la mitad del total corresponde a remuneraciones impagas, que afectan a 11 funcionarios y excolaboradores.
El Partido Radical proyecta su disolución para fines de enero y ya discute cómo liquidar sus bienes y más de $583 millones en deudas. En una reunión interna del 21 de noviembre —a la que accedió Fast Check CL— su directiva expuso que buscará modificar el artículo 120 de los estatutos para impedir la transferencia de sus propiedades al Club de la República, ligada a la Masonería. Pero, también surgen dudas sobre el plan para liquidar pasivos: la venta de los bienes inmuebles repartidos por todo el país.
Miguel Ángel Calisto
Tras la confirmación del desafuero de Miguel Ángel Calisto, ingresó al Tricel un «téngase presente» que advierte riesgos para su asunción como senador. El escrito sostiene que una eventual acusación podría provocar la pérdida del derecho a sufragio, requisito para asumir el cargo. Sin embargo, especialistas descartan que ese escenario sea posible antes del 11 de marzo y apuntan a vacíos normativos que podrían tensionar la instalación del nuevo Congreso, especialmente por la situación de desafuero que afecta al parlamentario.
Se viralizó una supuesta portada de BioBioChile que atribuía a Alberto Larraín una frase contra José Antonio Kast. Sin embargo, Fast Check CL califica esto como #Falso. No existe registro alguno del artículo en el sitio del medio ni en otras plataformas, y tanto el director de BioBioChile como el propio Alberto Larraín confirmaron que nunca se publicó ni emitió dicho contenido.
Juan Marcelo Valenzuela analiza el desempeño electoral del PDG y el rol que jugaron las encuestas en la primera vuelta: «La oda a Johannes Kaiser el último mes fue un escándalo». En conversación con Fast Check CL, el diputado electo aborda la identidad política del partido, el peso real de su electorado y la posición que adoptarán de cara a la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Evópoli, tras quedar bajo el umbral legal para mantener su existencia y activar el riesgo de disolución, enfrenta una crisis que desbordó lo electoral y detonó un conflicto abierto entre sus generaciones. Mientras la dirigencia histórica atribuye el fracaso a factores estratégicos y planea una apelación ante el Tricel, el estamento juvenil acusa una conducción «desconectada» y propone una reestructuración, evidenciando una fractura interna que ya tensiona la definición del rumbo político y orgánico del partido.
Sergio Guarda
Fast Check CL accedió a un audio en que el rector del INAF, Martín Mihovilovic, afirma que Sergio Guarda le pidió mantenerse como director de la carrera de Entrenador en Deporte y Actividad Física «hasta la acreditación», en un contexto que describe como crítico para la institución. En la grabación, el rector sostiene que, debido a la evaluación que la CNA realizará a la carrera y a las dificultades generadas tras la salida del anterior director, no es posible efectuar un «cambio tan brusco», junto con aseverar que los evaluadores conocen a Guarda. El proceso de acreditación es decisivo: si INAF no alcanza el nivel avanzado, arriesga quedar sin acreditación institucional.
Disolución Partido Radical
El Partido Radical, tras no alcanzar el 5% de los votos ni cumplir el requisito parlamentario mínimo, quedó en la antesala de la disolución, lo que activaría el artículo 120 de sus estatutos. La norma establece que, en caso de extinguirse la colectividad, todos sus bienes –incluida la sede de Londres 57– pasarán al Club de la República, entidad vinculada a la Gran Logia de Chile. Fuentes internas explicaron que entre las alternativas para resguardar el patrimonio, se está estudiando la posibilidad de traspasar al Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda.
En redes se afirma que un video demostraría el inicio de un fraude electoral por el traslado de una urna fuera de un local de votación. Sin embargo, Fast Check CL califica esta afirmación como #Engañosa. Si bien las imágenes son reales, corresponden a un procedimiento de voto asistido para una persona con movilidad severamente reducida. La delegada de la Junta Electoral y Carabineros confirmaron que no hubo irregularidades.
En redes se viralizó una supuesta nota de Meganoticias que afirmaba que Rodrigo Rojas Vade había reaparecido para manifestar apoyo a la candidata presidencial Jeannette Jara. Sin embargo, Fast Check CL califica esto como #Falso. La publicación no existe en los archivos del medio y el editor de Meganoticias confirmó que la imagen atribuida al sitio es falsa.
En redes sociales circula que el Servel no entrega copias físicas del acta de escrutinio a los presidentes de mesa ni a nadie. Sin embargo, esto es #Falso. El propio Servel señala en su sitio web que cada mesa debe elaborar tres ejemplares del acta, los cuales se distribuyen entre el local de votación, los Colegios Escrutadores y el Tricel. Además, desde 2021 el Servel publica copias digitalizadas de todas las actas en su sitio web. El propio Servel corroboró esta información a Fast Check CL.
Fast Check CL obtuvo antecedentes del Servicio Civil que confirman que Cristián Valenzuela, Carmen Soza y Sebastián Figueroa —todos asesores cercanos de José Antonio Kast— mantienen cargos vigentes como profesionales expertos del Sistema de Alta Dirección Pública. Valenzuela ha cobrado, por sus asesorías, más de $33 millones entre el año 2018 y octubre de 2025.
Entre 2022 y 2024, la Dirección de Abastecimiento de la Armada (DABA) adjudicó cinco contratos —por más de $62 millones— a Ceibar Limitada, empresa ligada a dos exoficiales de la misma institución. Un informe del Observatorio de ChileCompra advierte posibles infracciones a la Ley de Compras Públicas, señalando que las asesorías correspondían a funciones propias de la Armada y recaían en áreas donde los exoficiales habían desempeñado funciones anteriormente. El caso fue remitido a la Contraloría para evaluar eventuales responsabilidades funcionarias.
Pablo Milad
La toma en INAF fue iniciada luego de que estudiantes acusaran que la rectoría no cumplió con los acuerdos para garantizar canchas disponibles para prácticas, habilitar camarines en horarios de clases y asegurar personal médico en actividades. Según señalaron, solo se ejecutó el punto relativo a los camarines. Tras nuevas reuniones sin definiciones, se decidió iniciar la movilización.
En el debate presidencial de Anatel, el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, afirmó: «Las cuidadoras, que son aproximadamente 200 mil». La frase fue dicha en el…
El programa de Evelyn Matthei no incluye una propuesta para aumentar la PGU a las cuidadoras, sino un alza del estipendio para quienes cuidan a personas con dependencia. La iniciativa “PGU del Cuidado” presentada por su comando se refiere a beneficiarios dependientes, no a las cuidadoras, por lo que la afirmación es falsa.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, los procedimientos de vasectomía en Chile pasaron de 768 en 2013 a 7.506 en 2023, lo que equivale a un aumento cercano al 887%, tal como afirmó el candidato Harold Mayne-Nicholls durante el debate presidencial.
Daniela Muñoz Leiva, exfuncionaria del Ministerio de Bienes Nacionales denunciada por presunta subcontratación irregular en la Estrategia Nacional del Litio, arrendó durante años un inmueble fiscal en Providencia por $170 mil mensuales mientras trabajaba en la misma cartera. Tras su salida, la vivienda pasó a ser ocupada por su hermana y su cuñado, quien en 2024 regularizó la situación y firmó un nuevo contrato con el ministerio. Sin embargo, un año después, el arrendatario recibió avisos de cobranza por atrasos en los pagos.
Entre 2022 y 2025, la Sociedad Constructora J.J.A. Limitada ha recibido más de $670 millones en contratos con la Municipalidad de Lolol, periodo en el que una funcionaria del municipio era hermana de uno de los socios de la empresa. En diciembre de 2023 entró en vigencia el artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas, que prohíbe al Estado contratar con funcionarios públicos o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por lo que los convenios previos a esa fecha no estarían cuestionados. Sin embargo, en marzo de 2025, la empresa volvió a ser adjudicada para la mantención de áreas verdes, contrato mediante el cual ha percibido hasta ahora más de $117 millones.
Hospital de Los Ángeles
El órgano contralor estableció que Silvana Sandoval Pavez, contratista del Hospital de Los Ángeles, realizó la evaluación técnica de una licitación por más de $535 millones, pese a no ser funcionaria pública ni integrar la comisión evaluadora del proceso. En paralelo, Fast Check CL constató que la misma profesional figuraba en una orden de compra como compradora y proveedora del recinto asistencial, lo que —según el Observatorio ChileCompra— podría constituir un conflicto de interés y una infracción al artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas.
PDI
Estaba previsto que este martes 4 de noviembre se realizara la audiencia de formalización del subinspector de la PDI, Fabián Alejandro Cornejo Araos, acusado de eliminar 58 órdenes de investigar del sistema institucional BRAIN. Sin embargo, el tribunal decidió postergar la diligencia para el 30 de diciembre de 2025.
