Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío reveló que 11 pacientes fueron operados en menor tiempo de espera, además de tener parentesco con funcionarios del Hospital Regional de Concepción. A esto se suman otros 12 casos priorizados sin explicación en los registros. El informe también identificó que más de 10.300 personas seguían en lista de espera quirúrgica No GES al cierre de 2023, muchas desde 2018, y que más de la mitad de las 1.716 cirugías suspendidas durante ese año se debieron a causas internas, como movilizaciones, errores de programación o falta de camas.
Se trata de Francisco Fuentes, único socio y representante legal de Agencia Turismo Patrimonial SpA, empresa que —en la práctica— ejecutó parte de los proyectos que ProCultura se adjudicaba. Entre ellos, destacó la administración del Circuito de Lota, concesionado por Corfo. Fast Check CL detectó que la sociedad de Fuentes percibió más de $24 millones en compras públicas mediante el mecanismo de compra ágil, principalmente por la venta de entradas a organismos del Estado, mientras él mismo se desempeñaba como jefe del circuito. En su declaración, Fuentes señaló que los ingresos obtenidos por la venta de tickets fueron utilizados para cubrir gastos de operación.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar más de $108 millones transferidos a ProCultura en el marco de un convenio suscrito con el Serviu y Seremi de Valparaíso, tras detectarse incumplimientos contractuales, retrasos administrativos y la entrega de productos incompletos. La fundación debía ejecutar intervenciones técnicas y sociales en tres campamentos de Villa Alemana, pero no logró cumplir las condiciones para justificar el uso de los recursos, lo que motivó la terminación anticipada del contrato y su posterior liquidación.
Johnny San Martín fue durante más de una década un engranaje esencial en la interna de ProCultura. Intervenido telefónicamente y allanado por la PDI, falleció tres días después por una falla multiorgánica. Su nombre aparece en conversaciones privadas entre autoridades y testigos clave, incluido el Presidente Boric. Fast Check CL confirmó su relevancia en la fundación con fuentes cercanas al caso, que también vinculan su muerte con el deterioro de salud que sufrió tras el operativo.
José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015, falleció este 13 de mayo a los 89 años. Su trayectoria incluyó roles como legislador, ministro y jefe de Estado, además de una amplia exposición pública por su estilo de vida austero y su participación en temas de debate regional e internacional.
El Grupo Pegasus Chile solicitó a la Tesorería General de la República el fraccionamiento del pago de la multa impuesta por la el Tribunal de Libre Competencia. La petición se fundamente en limitaciones financieras y estacionalidad operativa, proponiendo cancelar la sanción en tres cuotas.
Jaime Hidalgo Jara fue designado como director de obras municipales de Palena en febrero de 2024, mientras figuraba como copropietario de una empresa con un contrato vigente con el municipio por más de $172 millones, en su etapa da garantía. Días antes, el alcalde había puesto término anticipado a otra licitación que el funcionario mantenía con el mismo organismo. Según Contraloría, la contratación vulneró la Ley 18.575, que impide ingresar a la administración pública a personas con participación significativa en empresas que tengan contratos activos con el órgano que las contrata.
Roberto Molina Olivares presentó la acción judicial ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra STF Capital y cinco ejecutivos, incluidos: Ariel y Daniel Sauer. La querella detalla la firma de un pagaré impago por $34 millones y la inversión forzada de más de $32 millones en cuotas de un fondo administrado por Larraín Vial, operaciones que —según acusa— fueron realizadas bajo engaño y sin intención de cumplir.
El municipio, en la acción judicial, asevera que se configuran los delitos de acceso ilícito, abuso de dispositivos electrónicos, falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento falsificado. Según el escrito, funcionarios municipales advirtieron cambios no autorizados en sus claves únicas, la aparición de una factura por más de $39 millones -emitida por una empresa externa sin respaldo administrativo-, y el uso de un correo electrónico que imitaba el dominio institucional para validar el documento ante una firma de factoring.
Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.
La Contraloría General de la República objetó la contratación a honorarios de Morán en la Municipalidad de La Florida, luego de constatar que las funciones realizadas no se vinculaban a los fines propios del municipio. Según el Informe, Morán percibió más de $22 millones entre enero y julio de 2024, por tareas relacionadas a informes de análisis político-partidista. El documento concluye que la contratación fue improcedente, formulando un reparo por el total de los honorarios pagados e instruyendo un sumario administrativo con el fin de establecer posibles responsabilidades. Aunque su nombre aparece tachado en el informe, Fast Check CL logró confirmar su identidad con documentación pública.
En medio de problemas internos que incluyeron la pérdida de su información contable y dificultades para reconstruir sus registros financieros, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura enfrentó fue sancionado por parte de la Superintendencia de Educación Superior. El organismo fiscalizador concluyó que la institución incumplió su obligación legal de informar oportunamente sobre su estado financiero del año 2023, aplicándole una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales ($3,4 millones). La multa se suma a infracciones similares detectadas en los últimos años.
El ente fiscalizador cursó el procedimiento debido a que la firma excedió en un 27% la producción autorizada en su centro de cultivo CES Gómez Carreño, emplazado dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. La empresa presentó un Programa de Cumplimiento para intentar revertir el procedimiento sancionatorio. Un informe técnico del Sernapesca señala que "el hecho de producir más allá de lo autorizado obedece inequívocamente a una planificación por parte de la empresa y un esfuerzo consciente dirigido a llevar a cabo esta conducta".
Un informe de la Contraloría Regional de Aysén reveló que la exautoridad actuó en nueve intervenciones administrativas —entre 2021 y 2023— relativo a proyectos para la Fundación Manos que Ayudan Patagonia. Macías no se inhabilitó, pese a que el presidente de la entidad le prestó servicios profesionales durante su campaña a la Gobernación Regional en 2021 por un monto superior a los $17 millones, lo que para el ente contralor podría configurar un potencial conflicto de interés. Además, se observan que dos convenios con esta organización no justificaron el mecanismo de asignación directa.
Sociólogo, reconocido por su participación en el colectivo artístico CADA (Colectivo de Acciones de Arte) durante la dictadura de Augusto Pinochet. A décadas de esa experiencia, Balcells se encuentra impulsando el proyecto “Por el plinto y la plaza”, iniciativa que busca resignificar el plinto vacío de Plaza Baquedano o la plaza sin nombre, como actualmente la denomina.
La acción judicial contempla, además, los presuntos delitos de apropiación indebida, fraude en la suscripción de contrato aleatorio y fraude al seguro frustrado. En 2023, ProCultura cerró sus operaciones en el marco del denominado "Caso Convenios".
La entidad acusa que estos delitos habrían generado un impacto directo a las arcas municipales, estimando un perjuicio fiscal de $28 millones. Fast Check CL accedió a la causa penal que devela redes familiares, una relación sentimental y el salto de los controles internos dentro del organismo que provee los servicios de salud y educación en Las Condes.
Una acción judicial afecta a un integrante de la familia Vecchiola. La querella en contra de Enzo Vecchiola Morales, representante legal de Transportes y Grúas Vecchiola S.A., fue interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII), acusando "declaraciones maliciosamente falsas de Impuesto a las Ventas y Servicios”, lo que supuestamente significó un menor pago de impuesto al que correspondía.
Lo que iba a ser el arriendo de un inmueble en Temuco, terminó transformándose en una acción judicial en contra del tesorero de la Gran Logia Mixta de Chile, Jorge Castillo Muñoz, a quien se le imputa los delitos de apropiación indebida y falsificación de instrumento privado. La denuncia fue interpuesta por la otrora representante legal de la logia francomasona, Margarita Carvajal.
La acción judicial presentada por el SII, identifica a cuatro personas: el representante legal (actual gerente general), un socio, el exgerente general y la exencargada contable. El Servicio de Impuestos Internos solicitó al Ministerio Público la formalización del caso que, presuntamente, habría provocado un perjuicio fiscal que asciende los $177 millones.
Xun era presentado como el autor de "Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad", una obra que recibió atención mediática y académica, siendo traducida al español por Editorial Rosameron.
La denuncia compromete a Matías Hormazabal Araya, conscripto que hasta este 31 de marzo, pertenecía al Batallón de Infantería Blindado N°27 "Bulnes", de la unidad de combate de la 1ra. Brigada Acorazada “Coraceros”. La situación fue alertada por un compañero, quien al ver las fotografías con drogas, armas y fajos de billetes, alertó a sus superiores.
