La empresa Triangular Integración Estratégica SpA —ligada a Pablo Zalaquett y su hermana— recibió pagos por asesorías contratadas por la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), sin que se acreditaran proyectos concretos derivados de ese servicio. Fast Check CL, conversó con Pablo Zalaquett, quien contradice la versión del informe de Contraloría y asegura que nunca tuvo una relación con la AMZO, sino con la Corporación Cultural de Las Condes, donde el propio ex alcalde Joaquín Lavín, lo contactó para levantar fondos.
A poco más de seis meses de dejar la alcaldía de Macul, Gonzalo Montoya fue contratado por la Asociación de Municipalidades Libres (AML), entidad privada financiada con recursos públicos en la que fue parte del directorio durante su periodo como jefe comunal. El exedil dijo a Fast Check CL que él mismo se propuso para ejercer el cargo ante el directorio, en una estructura donde no se aplican normas sobre inhabilidades ni conflictos de interés.
Pedro Herreros, actual consejero regional por la provincia de Chacabuco en la Región Metropolitana, ha mantenido durante años vínculos contractuales con la Municipalidad de Colina y la Corporación de Desarrollo Social de la misma comuna, al mismo tiempo, llegando a percibir por momentos $4,8 millones por ambas funciones, según información pública que lo respalda. La situación ha generado cuestionamientos de concejales de la comuna, abriendo dudas sobre la compatibilidad de funciones, considerando que se desempeña, además, como autoridad regional elegida con voto popular.
Aunque la Contraloría Regional del Bío-Bío no revela el nombre de los involucrados, Fast Check CL logró acreditar con documentación pública los funcionarios y redes familiares que están vinculados a las empresas contratadas por la misma casa de estudios. Desde la entidad estudiantil indicaron que «se están adoptando todas las medidas necesarias para subsanar las debilidades detectadas».
Pablo Adaos, exsocio inmobiliario del actual alcalde de Tiltil, César Mena, fue contratado en enero de 2025 como asesor técnico en el municipio, con un sueldo bruto de $2 millones. Aunque no existen impedimentos legales para su contratación, el vínculo previo entre ambos —acreditado por la constitución de una sociedad en 2021— podría representar un conflicto de interés, ya que es el propio alcalde quien certifica sus informes de cumplimiento. Fast Check CL revisó documentos societarios, declaraciones de patrimonio y antecedentes municipales que dan cuenta de esta relación.
La Fiscalía Nacional Económica acusó a Delivery Hero y Glovo de ejecutar un acuerdo de colusión internacional denominado Project Green, mediante el cual se habrían repartido los mercados del delivery en Chile, Perú, Ecuador y Egipto. La operación incluyó cláusulas de no competencia y contratos encubiertos. La FNE solicitó al TDLC aplicar multas de casi $70 mil millones.
Entre febrero y mayo de 2024, la Municipalidad de El Quisco contrató a JM Producciones SpA por más de $38 millones, pese a que una de sus funcionarias —Marcela Carrera Gajardo— figuraba como socia de la empresa. Así lo constató la Contraloría Regional de Valparaíso en su Informe N° 713/2024, que advirtió la infracción a la Ley 19.886, vigente desde diciembre de 2023. Una revisión de Fast Check CL a registros públicos reveló que, desde 2022 hasta julio de 2024 —cuando Carrera dejó formalmente la sociedad—, la empresa recibió más de $100 millones desde ese municipio.
"En 2024 fue el año con menos personas fallecidas en siniestros viales en las últimas 3 décadas". Esto declaró el Presidente Gabriel Boric en su reciente Cuenta Pública. En las últimas tres décadas, de acuerdo a información contrastada con la Biblioteca de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2024 resultó ser el año con menos fallecidos por siniestros viales de las últimas tres décadas.
El Presidente Gabriel Boric afirmó: "Hemos también habilitado más de 100 centros comunitarios de cuidado en todo Chile". Sin embargo, de acuerdo a datos del propio Ejecutivo, existen 26 inaugurados. De hecho, la meta que se fijó la administración de Boric es que a marzo de 2026 -cuando expire su periodo- existan 100 centros finalizados.
La exdelegada presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez, reconoció públicamente que viajó a Argentina mientras mantenía una licencia médica psiquiátrica, fiscalizada por la COMPIN. Los hechos, asegura, ocurrieron después de dejar dicho cargo en mayo de 2023. Bermúdez, es militante del Frente Amplio y excandidata al Senado en el año 2021.
Eddie Odgers permanece en prisión preventiva tras atropellar y causar la muerte de dos trabajadores en un servicentro de Providencia. Por otro lado, la justicia declaró admisible una querella por doble homicidio simple, donde se acusa al conductor de actuar «con total desprecio por la vida humana» mientras conducía en estado de ebriedad.
El informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas —entre 2023 y 2024—, destapó una ola de nuevos antecedentes, investigaciones y renuncias. Entre los implicados figuran exautoridades, médicos y representantes municipales que habrían usado sus días de reposo para realizar viajes, estudios en el extranjero o incluso actividades remuneradas. El caso ya generó reacciones en el gobierno, sumarios administrativos y revisión de normas internas.
La creación de una sociedad por acciones, a cargo de Francisco Fuentes —estrecho colaborador de Alberto Larraín—, permitió a la fundación ProCultura operar comercialmente, facturar actividades que escapaban a su objeto social, e incluso financiar su defensa penal en plena crisis del caso Convenios. Aunque el fundador de la ONG negó tener conocimiento sobre cómo operaba, declaraciones contenidas en la carpeta investigativa y antecedentes recopilados por Fast Check CL muestran que Larraín sí habría tenido injerencia en sus movimientos.
Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío reveló que 11 pacientes fueron operados en menor tiempo de espera, además de tener parentesco con funcionarios del Hospital Regional de Concepción. A esto se suman otros 12 casos priorizados sin explicación en los registros. El informe también identificó que más de 10.300 personas seguían en lista de espera quirúrgica No GES al cierre de 2023, muchas desde 2018, y que más de la mitad de las 1.716 cirugías suspendidas durante ese año se debieron a causas internas, como movilizaciones, errores de programación o falta de camas.
Se trata de Francisco Fuentes, único socio y representante legal de Agencia Turismo Patrimonial SpA, empresa que —en la práctica— ejecutó parte de los proyectos que ProCultura se adjudicaba. Entre ellos, destacó la administración del Circuito de Lota, concesionado por Corfo. Fast Check CL detectó que la sociedad de Fuentes percibió más de $24 millones en compras públicas mediante el mecanismo de compra ágil, principalmente por la venta de entradas a organismos del Estado, mientras él mismo se desempeñaba como jefe del circuito. En su declaración, Fuentes señaló que los ingresos obtenidos por la venta de tickets fueron utilizados para cubrir gastos de operación.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar más de $108 millones transferidos a ProCultura en el marco de un convenio suscrito con el Serviu y Seremi de Valparaíso, tras detectarse incumplimientos contractuales, retrasos administrativos y la entrega de productos incompletos. La fundación debía ejecutar intervenciones técnicas y sociales en tres campamentos de Villa Alemana, pero no logró cumplir las condiciones para justificar el uso de los recursos, lo que motivó la terminación anticipada del contrato y su posterior liquidación.
Johnny San Martín fue durante más de una década un engranaje esencial en la interna de ProCultura. Intervenido telefónicamente y allanado por la PDI, falleció tres días después por una falla multiorgánica. Su nombre aparece en conversaciones privadas entre autoridades y testigos clave, incluido el Presidente Boric. Fast Check CL confirmó su relevancia en la fundación con fuentes cercanas al caso, que también vinculan su muerte con el deterioro de salud que sufrió tras el operativo.
José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015, falleció este 13 de mayo a los 89 años. Su trayectoria incluyó roles como legislador, ministro y jefe de Estado, además de una amplia exposición pública por su estilo de vida austero y su participación en temas de debate regional e internacional.
El Grupo Pegasus Chile solicitó a la Tesorería General de la República el fraccionamiento del pago de la multa impuesta por la el Tribunal de Libre Competencia. La petición se fundamente en limitaciones financieras y estacionalidad operativa, proponiendo cancelar la sanción en tres cuotas.
Jaime Hidalgo Jara fue designado como director de obras municipales de Palena en febrero de 2024, mientras figuraba como copropietario de una empresa con un contrato vigente con el municipio por más de $172 millones, en su etapa da garantía. Días antes, el alcalde había puesto término anticipado a otra licitación que el funcionario mantenía con el mismo organismo. Según Contraloría, la contratación vulneró la Ley 18.575, que impide ingresar a la administración pública a personas con participación significativa en empresas que tengan contratos activos con el órgano que las contrata.
Roberto Molina Olivares presentó la acción judicial ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra STF Capital y cinco ejecutivos, incluidos: Ariel y Daniel Sauer. La querella detalla la firma de un pagaré impago por $34 millones y la inversión forzada de más de $32 millones en cuotas de un fondo administrado por Larraín Vial, operaciones que —según acusa— fueron realizadas bajo engaño y sin intención de cumplir.
El municipio, en la acción judicial, asevera que se configuran los delitos de acceso ilícito, abuso de dispositivos electrónicos, falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento falsificado. Según el escrito, funcionarios municipales advirtieron cambios no autorizados en sus claves únicas, la aparición de una factura por más de $39 millones -emitida por una empresa externa sin respaldo administrativo-, y el uso de un correo electrónico que imitaba el dominio institucional para validar el documento ante una firma de factoring.
Mientras se gestionaba un proyecto por más de $1.673 millones con ProCultura, el Gobierno Regional de Aysén (GORE) sostuvo cinco reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, pese a que la normativa exige su inscripción. Según constató la Contraloría, en los encuentros participaron el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Francisco Lara—designado como sujeto pasivo de lobby—, y representantes de la fundación, como el propio Alberto Larraín. La omisión motivó una instrucción formal para regularizar los registros.
La Contraloría General de la República objetó la contratación a honorarios de Morán en la Municipalidad de La Florida, luego de constatar que las funciones realizadas no se vinculaban a los fines propios del municipio. Según el Informe, Morán percibió más de $22 millones entre enero y julio de 2024, por tareas relacionadas a informes de análisis político-partidista. El documento concluye que la contratación fue improcedente, formulando un reparo por el total de los honorarios pagados e instruyendo un sumario administrativo con el fin de establecer posibles responsabilidades. Aunque su nombre aparece tachado en el informe, Fast Check CL logró confirmar su identidad con documentación pública.
En medio de problemas internos que incluyeron la pérdida de su información contable y dificultades para reconstruir sus registros financieros, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura enfrentó fue sancionado por parte de la Superintendencia de Educación Superior. El organismo fiscalizador concluyó que la institución incumplió su obligación legal de informar oportunamente sobre su estado financiero del año 2023, aplicándole una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales ($3,4 millones). La multa se suma a infracciones similares detectadas en los últimos años.
El ente fiscalizador cursó el procedimiento debido a que la firma excedió en un 27% la producción autorizada en su centro de cultivo CES Gómez Carreño, emplazado dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. La empresa presentó un Programa de Cumplimiento para intentar revertir el procedimiento sancionatorio. Un informe técnico del Sernapesca señala que "el hecho de producir más allá de lo autorizado obedece inequívocamente a una planificación por parte de la empresa y un esfuerzo consciente dirigido a llevar a cabo esta conducta".
Un informe de la Contraloría Regional de Aysén reveló que la exautoridad actuó en nueve intervenciones administrativas —entre 2021 y 2023— relativo a proyectos para la Fundación Manos que Ayudan Patagonia. Macías no se inhabilitó, pese a que el presidente de la entidad le prestó servicios profesionales durante su campaña a la Gobernación Regional en 2021 por un monto superior a los $17 millones, lo que para el ente contralor podría configurar un potencial conflicto de interés. Además, se observan que dos convenios con esta organización no justificaron el mecanismo de asignación directa.
Sociólogo, reconocido por su participación en el colectivo artístico CADA (Colectivo de Acciones de Arte) durante la dictadura de Augusto Pinochet. A décadas de esa experiencia, Balcells se encuentra impulsando el proyecto “Por el plinto y la plaza”, iniciativa que busca resignificar el plinto vacío de Plaza Baquedano o la plaza sin nombre, como actualmente la denomina.
La acción judicial contempla, además, los presuntos delitos de apropiación indebida, fraude en la suscripción de contrato aleatorio y fraude al seguro frustrado. En 2023, ProCultura cerró sus operaciones en el marco del denominado "Caso Convenios".
La entidad acusa que estos delitos habrían generado un impacto directo a las arcas municipales, estimando un perjuicio fiscal de $28 millones. Fast Check CL accedió a la causa penal que devela redes familiares, una relación sentimental y el salto de los controles internos dentro del organismo que provee los servicios de salud y educación en Las Condes.
Una acción judicial afecta a un integrante de la familia Vecchiola. La querella en contra de Enzo Vecchiola Morales, representante legal de Transportes y Grúas Vecchiola S.A., fue interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII), acusando "declaraciones maliciosamente falsas de Impuesto a las Ventas y Servicios”, lo que supuestamente significó un menor pago de impuesto al que correspondía.
Lo que iba a ser el arriendo de un inmueble en Temuco, terminó transformándose en una acción judicial en contra del tesorero de la Gran Logia Mixta de Chile, Jorge Castillo Muñoz, a quien se le imputa los delitos de apropiación indebida y falsificación de instrumento privado. La denuncia fue interpuesta por la otrora representante legal de la logia francomasona, Margarita Carvajal.
La acción judicial presentada por el SII, identifica a cuatro personas: el representante legal (actual gerente general), un socio, el exgerente general y la exencargada contable. El Servicio de Impuestos Internos solicitó al Ministerio Público la formalización del caso que, presuntamente, habría provocado un perjuicio fiscal que asciende los $177 millones.
Xun era presentado como el autor de "Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad", una obra que recibió atención mediática y académica, siendo traducida al español por Editorial Rosameron.
La denuncia compromete a Matías Hormazabal Araya, conscripto que hasta este 31 de marzo, pertenecía al Batallón de Infantería Blindado N°27 "Bulnes", de la unidad de combate de la 1ra. Brigada Acorazada “Coraceros”. La situación fue alertada por un compañero, quien al ver las fotografías con drogas, armas y fajos de billetes, alertó a sus superiores.
